Esperará a que se celebre una investidura para dejar la decisión al próximo Gabinete, según apuntan varias fuentes del Ejecutivo. “Confiamos en que esto no vaya más allá de enero”, apuntan esas mismas fuentes. Los planes, no obstante, siguen siendo subir las pensiones un 0,9%, revalorizar el sueldo de los funcionarios un 2% y revisar al alza el SMI.

El bloqueo político ha acabado por afectar a las pensiones, al salario mínimo y a la remuneración de los funcionarios. Ya hace semanas que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, había expresado en público sus dudas sobre la posibilidad de que un Gobierno en funciones pudiera subir las pensiones el 0,9% anunciado a la Comisión Europea en el plan presupuestario para 2020. El criterio habitual de la Abogacía del Estado es que un Ejecutivo que no tiene funciones plenas no puede tomar decisiones presupuestarias que comprometan al siguiente. Y, finalmente, eso ha pesado en las decisiones que tradicionalmente se han adoptado en los últimos años cuando se ha dado esta circunstancia.

En esta ocasión, además, se añaden otros motivos de índole política. La decisión supone una presión añadida para los partidos que dudan si apoyar un Gobierno presidido por Sánchez. La voluntad de aplazar estas subidas es política porque el Ejecutivo sí que encontró el pasado otoño un resquicio legal para desbloquear los fondos del sistema de financiación a las autonomías a pesar de estar en funciones.

Los planes del Ejecutivo para las pensiones pasan por retrasar la revalorización pese a que podía haberlas subido un 0,25%, como establece la actual ley de Seguridad Social, tal y como está redactada desde 2013. Esta norma estuvo suspendida en 2018 y 2019, pero el año que viene, como no se aprobó la reforma que iba a vincular la mejora anual de las pensiones a la subida del IPC real, volvería a estar en vigor. Para evitar esa subida del 0,25%, el Ejecutivo ha decidido aprobar un decreto ley para suspender la norma a la espera de que en pocas semanas haya una investidura. Cuando haya un Gobierno formado podrá subirlas ese 0,9%, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 enero.

Fuentes de Trabajo explican que subir ahora el 0,25% para después aumentar el 0,65% restante es un gasto de recursos innecesario. No obstante, tampoco se escapa que ese aumento anual del 0,25% fue muy criticado por el PSOE cuando estaba en la oposición. Entonces se comprometió reiteradamente a derogar la norma de cuya aplicación impone ese incremento cuando hay un déficit en la Seguridad Social, como ocurre desde 2011. El Ejecutivo socialista renovó ese compromiso cuando volvió al Gobierno. Así que aplicar ahora esa subida sería un mal trago político que Sánchez no parece dispuesto a asumir. Siguiendo el mismo criterio, el Ejecutivo tampoco va a tocar ahora las bases de cotización: ni las mínimas (siempre ligadas al salario mínimo) ni las máximas.

Lo mismo ocurre con el sueldo de los funcionarios. El Gobierno solo aprobará la subida pactada del 2% a los empleados públicos cuando se constituya un Ejecutivo con garantías. De esta forma, la mejora salarial tampoco verá la luz con la entrada del nuevo año, sino que tendrán que transcurrir unos días o unas semanas hasta que salga adelante una investidura. El ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones, Luis Planas, ya explicó hace semanas que, legalmente, un Gobierno en funciones no puede llevar a cabo dicho aumento. Pero aclaró que éste será devengado con fecha 1 de enero.

Por el lado del SMI no había tantas dudas jurídicas para aprobarla. Aunque sí hay prestaciones y ayudas que están vinculadas a su evolución, parece que la Abogacía del Estado no ve obstáculos. No obstante, aquí los problemas se derivan de las negociaciones para formar un nuevo Gobierno y de las exigencias de los agentes sociales. El PSOE y Unidas Podemos están conversando para fijar un objetivo de SMI para esta legislatura: el 60% del salario medio. Sin embargo, por otra parte, sindicatos y empresarios exigen que se cuente con ellos y no se haga como el año pasado, cuando Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pactaron un incremento del suelo salarial y no dieron margen alguno al diálogo social.