El impacto de la pandemia ha supuesto una ruptura de las previsiones y tendencias económicas de los países más desarrollados. Es el caso de uno de los elementos que componen la lectura anual de los Presupuestos Generales del Estado en nuestro país: el volumen de gasto público y su peso sobre el conjunto de la economía que, más allá, es uno de los indicadores principales de las acciones sociales de la economía -cabe recordar que solo la protección social en prestaciones, pensiones, subvenciones y ayudas es el 50% de este gasto público, unos 226.000 millones de euros-. Y en el caso de España, la pandemia ha provocado que se pase de destinar a gasto público un 42,1% en 2019 al 50,8% que se prevé para 2021 -ya en 2020 se rebasó este nivel por vez primera en la serie histórica al alcanzar el gasto público el 52% del PIB anual-.

Son varios los factores que explican la tendencia y el hito, pero teniendo en cuenta el impacto de la pandemia, un papel crucial juega las medidas de gasto extraordinario adoptadas por el Ejecutivo en los 12 meses que dura ya la crisis sanitaria y el impacto que esta ha tenido sobre el PIB, siendo España el país más castigado con una caída del 11% en el pasado año. En este sentido, el economista y profesor de la Universidad de Barcelona, José María Gay de Liébana, añade como factores clave para esta alza las fuertes partidas de gasto en transferencias sociales, el aumento de los desembolsos en consumos intermedios y los incrementos de las remuneraciones, principalmente entre el personal laboral no funcionarial.

«España presenta un cuadro financiero quebrado, con una deuda impagable y descontrolada, un déficit público a modo de hemorragia que nos desangra, una economía decadente, un sector privado en caída libre, con un tejido empresarial en la cuerda floja y un insolvente sector público que va ganando posiciones en pos de convertir nuestro sistema económico en una economía socialista o planificada, con pleno intervencionismo del Estado», advierte el profesor sobre el efecto que puede tener para el crecimiento de nuestro país.

En este sentido, tal y como arroja el análisis de los Presupuestos elaborado por Funcas, el gasto público total será en 2021 de 456.074 millones de euros, de los cuales 26.634 millones (5,8%) tienen su origen en el Fondo de Recuperación de la UE. Está previsto que el 67% de estos fondos europeos se destine a industria y energía (5,623 millones), I+D y digitalización (4.752 millones), infraestructuras y ecosistemas resilientes (4.696 millones) y sanidad (2.945 millones).

Las cifras oficiales muestran un crecimiento del gasto del Estado en 2021 del 20,1% (13,1% si se excluyen los fondos europeos), incrementándose su peso en el PIB desde el 34,3% hasta el 37,2% (35% si se excluyen los citados fondos). No obstante, si en dichos cálculos tenemos en cuenta el gasto efectuado por comunidades autónomas y corporaciones locales, el gasto público de todas las administraciones públicas en porcentaje del PIB alcanzará el 50,8% (48% si se excluyen los fondos europeos). «Es decir, el Gobierno prevé un aumento en el gasto público de todas las administraciones públicas desde el 42,1% de 2019 al 50,8% de 2021 equivalente a 92.500 millones de euros aproximadamente», apuntan los autores del estudio, José Félix Sanz los y Desiderio Romero Jordán.

Para este año, los gastos directos de mayor peso en el presupuesto corresponden a pensiones (35,8%), intereses de la deuda pública (6,9%) y desempleo (5,4%). El gasto en pensiones alcanzará en 2021 los 163.297 millones de euros con un crecimiento respecto de 2020 del 3,2% (5.085 millones de euros). Este fuerte aumento del gasto se explica por la interacción de tres factores: la subida aprobada para las pensiones -un 0,9% para las contributivas y un 1,8% para las no contributivas-, el incremento esperado del número de pensionistas y el aumento esperado de la pensión media. Al igual que para el incremento en los salarios públicos referido antes, la subida en las pensiones ha tomado como referencia un aumento en la inflación del 0,9% en 2021.

En cuanto a los gastos en políticas de desempleo se situarán en 2021 en 25.012 millones de euros (frente a 20.820 millones en 2020) con un incremento del 20,1%, aunque el Gobierno espera que la tasa de desempleo baje en 2021 un punto situándose en el 16,1%. El Ejecutivo imputa este incremento en el gasto por desempleo a los recursos destinados a mantener la prórroga de los Ertes hasta el 31 de enero y a la extensión del subsidio por desempleo desde los 55 a los 52 años. La prórroga de los Ertes hasta finales de mayo incrementará sustancialmente el gasto estimado en protección del desempleo en unos 7.000 millones de euros adicionales.

Como recuerda la economista Almudena Semur, por primera vez en la historia de la democracia española, el peso del sector público superó en 2020 al del sector privado al escalar al 51,5% del PIB, según el Gobierno. «Ni antes de la Transición, ni en la durísima crisis financiera mundial, con epicentro en 2012, se alcanzó ese nivel, llegándose en el citado ejercicio a un techo del 48,1%», apunta.