Es algo que contempla una nueva directiva comunitaria, aunque necesita el aval de todos los países de la UE para que salga adelante. A la espera de ver cómo concluyen las negociaciones y cuál es su redacción definitiva, el borrador de la directiva ambiental 5th for 55 prevé subidas en los impuestos sobre el gas, la electricidad y los carburantes, y que los tipos impositivos que se aplican en el gasóleo suban hasta equipararse a los de la gasolina, que son más elevados. Junto a ello, se pretende suprimir las bonificaciones para profesionales y empresas en el diésel. Así, transportistas, agricultores, ganaderos y compañías de transporte aéreo y marítimo pagarían el carburante al mismo precio que la población general, según detalló ayer la subdirectora general de impuestos especiales y tributos sobre el comercio exterior y sobre el medio ambiente, María Isabel López Rodríguez.

Durante un coloquio en el congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que entre el jueves y ayer tuvo lugar en Vigo, López aseguró que aún es pronto para tener concreciones exactas, ya que la directiva debe negociarse y hay gobiernos reticentes a subir impuestos. Pese a ello, aseguró que el actual contexto de «fuerte compromiso ambiental» contribuirá a que una parte muy importante de la propuesta inicial salga adelante. Según Alberto Gago, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Vigo, equiparar los tipos de los carburantes implicaría subir el impuesto sobre el diésel un 9,9%. A su juicio, la medida permitiría reducir las emisiones un 1,7%, que es el crecimiento que experimentaron en 2017.

La creación de nuevos impuestos ambientales generó un profundo debate durante el congreso de los inspectores. Gago aseguró que la puesta en marcha de este tipo de figuras impositivas es inevitable, ya que España se sitúa por debajo de la media de la UE y de la OCDE. El Ministerio de Hacienda apunta a que la diferencia es de cuatro puntos con respecto al entorno europeo, aunque los expertos dicen que es difícil tener datos exactos por las diferencias entre las leyes tributarias de los diferentes países. En lo que, según Gago, no hay ningún tipo de duda es en que «la transición energética tendrá más impacto en los hogares más vulnerables»; defiende, por ello, que las nuevas normas tributarias incorporen mecanismos de compensación para las rentas más bajas.

Otra demanda de los expertos pasa por poner orden en el actual sistema fiscal. Muchas comunidades autónomas han puesto en marcha tributos propios que graban el impacto negativo que tienen en el medio ambiente actividades económicas. De hecho, la Generalitat catalana ha aprobado esta semana la memoria de un nuevo gravamen que, a partir de 2022, pagarán los grandes barcos en concepto de las emisiones de óxidos de nitrógeno durante las maniobras de entrada, salida y estancia en los puertos. Este otoño también ha entrado en vigor en Cataluña un recargo a los vehículos más contaminantes.

Ante este tipo de iniciativas, Gago abogó por una «armonización» entre las diferentes comunidades autónomas mediante el establecimiento por parte del Estado de «figuras tipo». A la espera de las conclusiones del comité de expertos para la reforma fiscal, uno de sus miembros y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago, aseguró que el déficit estructural es para España un desafío «muy serio», por lo que este tipo de figuras impositivas pueden ayudar a equiparar ingresos y gastos. En este sentido, el presidente de la asociación de inspectores, Ransés Pérez, también defendió la necesidad de profundizar en la fiscalidad verde.