El Gobierno tiene la intención de aprobar un paquete fiscal con tres proyectos de ley en uno de los dos consejos de ministros que le quedan al presente 2018. Se trata de las iniciativas legislativas necesarias para tramitar la Tasa Google, el impuesto a las Transacciones Financieras y las medidas contra el fraude planteadas por el Gobierno.

Según indican fuentes del Ministerio de Hacienda, se están ejecutando las últimas modificaciones en ellas, tras haber pasado por el periodo de alegaciones, antes de ser aprobadas por el Consejo de Ministros. Estas mismas fuentes aseguran que se trata de cambios pequeños, casi cosméticos, que afectan solo a la forma y no al fondo de estos nuevos impuestos, cuyos gravámenes y condiciones no cambiarán.

Tras el visto bueno del Consejo, los proyectos tendrán que enfrentarse al trámite parlamentario, y lo harán sustancialmente más tarde de lo previsto. Hacienda quería que estuvieran en tramitación parlamentaria en diciembre, pero eso no será posible hasta enero. En cualquier caso, el que se pueda presentar en el primer mes del año dependerá de si al final este periodo se considera hábil en la Cámara Baja. No lo es habitualmente, pero el Gobierno ya está moviendo los hilos para que sí lo sea.

La aprobación de estos nuevos impuestos y medidas es clave para el desarrollo de la estrategia económica del Gobierno que preside Pedro Sánchez. Solo con este paquete fiscal el Gobierno espera obtener unos ingresos adicionales de 2.878 millones de euros en 2019, aunque previsiblemente este pronóstico se irá reduciendo cuanto más se retrase la entrada en vigor de las propuestas.

La medida que más recaudación puede aportar es el nuevo impuesto de Servicios Digitales, es decir, la Tasa Google. Mediante este tributo se gravará con un 3% las operaciones de servicios de publicidad en línea, los de intermediación en línea y la venta de datos recopilados a partir de información proporcionada por el usuario. Su puesta en marcha permitiría unos ingresos adicionales de 1.200 millones, aunque tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como la propia Comisión Europea ponen en duda esta cifra.

Algo parecido ocurre con el impuesto a las Transacciones Financieras. Ambas instituciones no creen que pueda lograr lo pronosticado por el Gobierno, unos 850 millones, a través de gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones de empresas españolas ejecutadas por operadores del sector financiero en cualquier mercado del mundo.

Por otro lado, en el plano de medidas contra la evasión fiscal, el Gobierno quiere implementar iniciativas como limitar más los pagos en efectivo, reforzar la lista de morosos y adoptar mejores prácticas en la prevención y lucha contra el fraude. Los ingresos adicionales que permitiría esta estrategia serían de unos 828 millones de euros.