La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno no va a publicar el nombre de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, ya que la ley no permite aplicar con carácter retroactivo una modificación de tipo fiscal. Esta decisión resulta polémica porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró hace un par de años que publicaría la lista cuando llegase a La Moncloa.

Montero ha explicado que el Gobierno «ha estudiado esta posibilidad» y ha concluido que, modificando la ley, se podría hacer de cara a futuras amnistías fiscales –dejó claro que el Ejecutivo no tiene intención de aprobar ninguna nueva amnistía–, pero «no hay capacidad jurídica» para hacerlo con las amnistías pasadas.

La amnistía fiscal fue una de las medidas más polémicas del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. Nada más alcanzar el poder en 2012, el PP aprobó una amnistía fiscal al objeto de ingresar unos 2.500 millones de euros. España atravesaba entonces el peor momento de la crisis y los mercados financieros lanzaban dentelladas contra la deuda soberana. El Ejecutivo de Rajoy se debatía sobre pedir el rescate. La Declaración Tributaria Especial (DTE), como bautizaron eufemísticamente a la amnistía, permitía legalizar el dinero negro, mucho oculto en otros países, a cambio de pagar solamente un 10%.

Durante el proceso surgieron dudas respecto a la garantía que tendrían los defraudadores para que no se les persiguiera y Hacienda emitió un dictamen garantizándoles inmunidad si se acogían a la regularización voluntaria. Además, limitó el pago del tributo a los últimos cuatro años no prescritos. Esto provocó que, por ejemplo, pagando solamente un 3% se pudiera blanquear todo el dinero que un evasor tenía en Suiza.

Aunque se presentaron 31.500 declaraciones del modelo 750, el que sirvió para regular la amnistía, apenas se ingresó 1.200 millones, la mitad de lo previsto. El anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, terminó pidiendo perdón en repetidas ocasiones en el Congreso por haber aprobado la medida. Y aunque aseguraba que sirvió para conocer muchos datos tributarios de contribuyentes con alto riesgo de defraudar reconoció que fue un error.

Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró nula la amnistía fiscal el año pasado. La sentencia consideró que el decreto ley por el que se aprobó el indulto fiscal era inconstitucional ya que no era el vehículo adecuado para aprobar esta medida, que legitimó el fraude.

«La publicaremos nosotros», dijo Sánchez. «Usted señor Rajoy ha vuelto a prohibir la publicación de la amnistía fiscal de los defraudadores que aprobaron en el año 2012. Le digo una cosa señor Rajoy: publique esa lista, porque si no lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al Gobierno», pronunció Pedro Sánchez hace un par de años en el Congreso de los Diputados.