Uno de los 30 compromisos que el Gobierno ha desgranado en el Plan de Recuperación remitido por el Gobierno a Bruselas es la “mejora de la eficacia del gasto público”, en el que se prometen “ejercicios de revisión del gasto hasta 2026” para “asegurar la estabilidad presupuestaria y reafirmar la sostenibilidad de la deuda pública a medio plazo” a fin de “lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo sin dañar la inversión ni la protección social una vez que la recuperación económica sea firme”.

Lo cierto es que este bloque es menos concreto que el capítulo dedicado a los ingresos públicos, que sí establece el claro objetivo de acabar con una brecha de recaudación de 7,2 puntos frente a la media europea, y, de hecho, se limita a exponer que, sin medidas específicas, el déficit se rebajará “del 11,3% en 2020 al 7,7% en 2021”, pese a que el Programa de Estabilidad que se envió en paralelo ya rebajaba esta previsión original a una reducción del agujero fiscal del 10,8% al 8,4% en 2021.

El documento, en realidad, se limita a reforzar la importancia de los ejercicios de revisión el uso de los recursos estatales, los spending reviews, que viene elaborando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), a quien se encargarán ahora planes quinquenales para “desligar del ciclo político los procesos de revisión del gasto público” y donde se creará un departamento específico a tal efecto.

El objetivo advierte, “no es el de obtener ahorros presupuestarios per se”, sino el de “aumentar la calidad del gasto público, mejorando su composición y reorientando su uso, para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo, sin dejar de hacer frente a los retos demandados por la nueva realidad económica y social”.

Aquí, el Gobierno prevé aprovechar los trabajos ya encargados a la Airef. Un primer bloque fue la revisión del gasto en subvenciones; en farmacia extrahospitalaria; políticas activas de empleo; becas universitarias; promoción talento y empleabilidad en I+D+i; fortalecimiento de la competitividad empresarial; y en la factura de Correos. La segunda abordó el coste en infraestructuras y transportes; el gasto hospitalario; los incentivos a la contratación y los beneficios fiscales (incluyendo la eliminación de la reducción de IRPF por aportaciones a sistemas de pensiones, ya reducida este año; la reformulación de la reducción por arrendamiento de vivienda; la evaluación de los tipos reducidos de IVA del 4% y el 10%; y la abolición de la tributación conjunta, que el Gobierno asevera ahora que no planea acometer). A partir de ahí, para el periodo 2022 a 2026 se establecerán cinco programas anuales de revisión del gasto diseñará el Consejo de Ministros.

En paralelo, el Plan incluye otro bloque temático centrado en la lucha contra el fraude fiscal que contempla reforzar el número de inspectores de Hacienda logrando un “aumento de los efectivos de la Agencia Tributaria”, hasta el entorno de los 28.000 que llegó a tener en su día, frente a los 25.000 actuales en el periodo 2021 a 2023.