El Gobierno ha sufrido para convalidar el decreto anticrisis para paliar el desgaste económico por la guerra en Ucrania. Lo ha logrado sacar adelante este jueves por la mínima, con 176 votos a favor y 172 en contra. Los cinco diputados de EH Bildu han sido en esta ocasión los que han salvado el proyecto de ley, pues ERC y JxCat, socios habituales del Gobierno, se mantuvieron firmes en su negativa en represalia al presunto espionaje de más de 60 independentistas catalanes. El decreto tampoco consiguió el apoyo de los 88 parlamentarios del Partido Popular, que insistían en reclamar mayores bajadas de impuestos y la deflactación del IRPF.

El no al decreto habría supuesto la anulación de todas las medidas del plan, incluyendo la bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible y la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda hasta al menos el 30 de junio. Además, se habrían dejado de movilizar 362 millones de euros para agricultura y ganadería; 68 millones de euros para el sector pesquero; más de 500 millones en ayudas a los grandes consumidores de electricidad y 125 millones para la industria de gas intensiva. Según estimaciones del Ejecutivo, el impacto de todas las medidas supone el despliegue de 16.000 millones de euros.

El rechazo al decreto, defendían desde el Gobierno de coalición, habría sido perjudicial para el conjunto de la economía. Hace un mes, justo antes de que se pusiera en marcha este paquete de medidas, España registró un aumento histórico del IPC hasta el 9,8%. Hoy, el dato adelantado del INE, que recorta el avance del IPC en 1,4 puntos respecto a marzo, muestra que las medidas adoptadas por el Ejecutivo han servido para comenzar a controlar la inflación y dar un respiro al consumidor español.

El retroceso del empleo en el primer trimestre, con una pérdida de 100.200 puestos de trabajo, que se concentró en la industria, la construcción y el comercio (los más afectados por la subida de precios), muestra que la economía se resiente de la escalada inflacionista, que llegó a su nivel máximo en cuatro décadas en el mes de marzo, con el 9,8%. El alza de los precios fue algo menor en abril, un 8,4%, gracias en parte a las medidas puestas en marcha por el Gobierno para contener el coste de la electricidad y los combustibles para consumidores y empresas.

Pero la veloz subida de la inflación subyacente -que descuenta los elementos más volátiles, como la energía y los alimentos- de un punto en sólo un mes, hasta el 4,4%, el nivel más elevado desde 1995, constata el contagio de las tensiones inflacionistas a un creciente número de actividades productivas. Lo que incrementa el riesgo de que se produzcan subidas encadenadas de precios y salarios, el escenario más temido por el BCE, que en su último boletín económico admite que subestimó el repunte de los precios, alimentando así las expectativas de un endurecimiento más rápido de su política monetaria a partir del tercer trimestre, que sería especialmente inoportuno para economías tan endeudadas como la española.

Con un mercado laboral que pierde fuelle tras el primer aumento de la tasa de paro desde 2020, pese a la relevante aportación del turismo y del sector público al empleo nuevo, las reformas estructurales adquieren una importancia capital para superar esta crisis