El Senado ha dado el pistoletazo definitivo para que la “fiscalidad del siglo XXI”, así denominada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras el visto bueno a dos nuevos impuestos: la tasa Tobin y tasa Google. La votación de ambas figuras fiscales ha salido adelante gracias a la mayoría senadores de formaciones favorables a la creación de estos nuevos impuestos. En concreto, el gravamen a las transacciones financieras fue aprobado por 155 votos a favor, 98 votos en contra y 8 abstenciones, mientras que la tasa Google salió adelante por 134 votos a favor, 101 en contra y 28 abstenciones.

La primera de ellas está planteada como un impuesto sobre las transacciones financieras que gravará la compraventa de acciones de empresas españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. El nuevo impuesto gravará al 0,2% cada adquisición de acciones de sociedades españolas negociadas en el país o en otros de la Unión Europea, a cuenta del intermediario financiero que ejecute la orden. Un gravamen con el que el Ejecutivo aspira a recaudar unos 850 millones al año.

El listado de empresas afectadas por la nueva tasa cambiará anualmente y será fijado cada mes de diciembre. Según los datos de ayer, la tasa gravará a 32 de los valores que integran el Ibex 35 –compuesto en este momento por 34 valores–, con la excepción de Meliá, por no alcanzar los 1.000 millones de capitalización y ArcelorMittal, por no tener nacionalidad española. Fuera del Ibex también estará exento Airbus, por tener nacionalidad francesa, pero estarían gravadas las operaciones sobre FCC, Ebro Foods, Fluidra, Catalana Occidente, Vidrala, Zardoya Otis, Solaria, Rovi, Prosegur y CAF.

El impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como tasa Google, aspira por su parte a gravar con un 3% a las multinacionales con ingresos anuales de al menos 750 millones de euros a nivel mundial y de tres millones en España. Está dirigida a la publicidad online, la intermediación entre empresas y particulares o la venta de datos de usuarios.

La aspiración del Ejecutivo es de recaudar 968 millones de euros cada año con este nuevo impuesto, si bien, según ha explicado el Ejecutivo la pretensión es que el gravamen tenga carácter transitorio hasta que se apruebe un impuesto europeo, en el marco del trabajo impulsado desde la OCDE. Ambas tasas entrarán en vigor hasta pasados tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para dar tiempo a empresas y autoridades a prepararse para su tributación.