La reforma fiscal, aseveró Montero, se ha agendado para 2023 exclusivamente porque los cálculos del Gobierno, que apuntan a un alza del PIB del 6,5% este año y del 7% en 2022 tras el retroceso del 10,8% en 2020, indican que la economía española recuperará el nivel prepandémico a finales del año que viene. “Hasta que no se recuperen las cifras prepandemia no vamos a poner en marcha ninguna medida que pueda lastrar la recuperación”, aseveró, por lo que “si no llegamos a las cifras de recuperación en ese momento, todo el calendario se moverá”. Conviene recordar que, si no hay adelanto electoral, 2023 puede ser año de Elecciones Generales.

“Si algo cambia, la autoridad europea está ahí para seguir analizando” posibles cambios sobre la hoja de ruta que se les ha comunicado, aclaró, admitiendo que “cualquier modificación de los hitos que dan lugar a los pagos se tendrá que hacer de mutuo acuerdo con Bruselas”, si bien sostuvo que “no es un organismo donde no sean conscientes de que no se pueden retirar los estímulos fiscales, ni incorporar cargas añadidas, antes de recuperar los niveles de crecimiento” previos al Covid.

En todo caso, Montero asumió que en algún momento será necesario actuar para elevar la recaudación, como viene pidiendo la Comisión Europea, porque, aunque “la derecha vende que nuestro país es un infierno fiscal”, lo cierto es que su presión tributaria está más de siete puntos por debajo de la media europea. En concreto, según los datos medios del periodo 2011 a 2020 manejados por Hacienda, los ingresos públicos ascienden en España al 38,7% del PIB, frente al 46,4% de la zona euro, el 52,8% de Francia, el 47,1% de Italia o el 45,5% de Alemania.

Aunque el Plan de Recuperación recoge que las medidas a tomar deben “acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno”, Montero descartó que la reforma tributaria que plantea baste para lograrlo y asumió que hará falta tomar medidas adicionales después. “Entendemos que hará falta más tiempo. No vamos a hacerlo de golpe”, aseguró, pidiendo “tranquilidad absoluta” y prometiendo “sentido común”.

De momento, el plan pasa por esperar a febrero de 2022, cuando el Gobierno recibirá la propuesta de reforma integral encargada al comité de expertos académicos a partir de la cual terminará de definir el contenido y el calendario de las medidas. Una prioridad, avanzó Montero, será Sociedades, donde apuesta por instaurar una imposición mínima, como defienden desde la UE a la OCDE pasando por la Casa Blanca, a fin de evitar que los grandes grupos acaben pagando cuantías testimoniales a través de beneficios fiscales.

Los expertos, agregó, también revisarán si hay que rebajar el número de bienes y servicios sujetos a los tipos de IVA reducido (4%) y superreducido (10%), una reclamación habitual de la UE, o cómo armonizar Patrimonio entre las distintas regiones. “El IRPF es otra de las cosas que se van a estudiar, para hacer ganar progresividad”, añadió, si bien prometió que “en ningún momento vamos a subir impuestos a las clases medias y trabajadoras. Y si podemos aliviaremos su carga fiscal”.

Lograrlo, aventuró, puede depender de los avances en tributos verdes, que en España recaudan un 1,77% del PIB, frente al 2,35% de la zona euro. “Un incremento de estos ingresos puede servir para compensar otros tributos como los que recaen sobre las rentas del trabajo”, sostuvo. “España es el tercer país por la cola en fiscalidad medioambiental”, ilustró Montero, recordando que tanto Bruselas como el FMI piden ganar posiciones. En este campo citó el impuesto sobre depósitos de residuos en vertederos y el gravamen sobre los envases de plástico, que se están tramitando, mientras que la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, prevista para el próximo año en el Plan, estará condicionada a la opinión del grupo de expertos, dijo.