La CNMV considera que la nueva norma sobre mercados y productos financieros, Mifid 2, está plenamente vigente, pese a que Economía todavía no haya adaptado la directiva a la legislación española. La fecha límite venció el pasado 3 de enero.

Sebastián Albella, el presidente del supervisor, anunció en el Congreso el pasado abril que se iba a realizar una “revisión temprana con una trasposición tardía” de la directiva. No era un brindis al sol. Desde comienzos de año, la CNMV ha realizado una oleada de solicitudes de información a todas las entidades financieras para conocer cómo están poniendo en marcha la nueva normativa, según fuentes del sector.

La norma, que está en proceso de aprobación parlamentaria, impone requisitos para los comercializadores de fondos. En esencia, solo podrán embolsarse los incentivos por la venta de estos productos (retrocesiones, en la jerga) si ofrecen asesoramiento o si ponen en su escaparate carteras de otras gestoras.

Los distribuidores se quedan con alrededor de seis de cada diez euros de comisión de gestión. El año pasado fueron 1.534 millones de euros de los 2.490 que ingresaron, según las últimas estadísticas del supervisor de los mercados.

El objetivo es conocer qué modelo está adoptando cada entidad. De momento, solo son solicitudes de información dentro de la actuación horizontal sobre aplicación de la nueva regulación prevista en el plan de actividades para 2018.

La intención es efectuar una revisión del nivel de adaptación de los bancos y de las empresas de servicios de inversión –sociedades y agencias de valores– a las nuevas obligaciones de información relativas a incentivos y costes de acuerdo a los contenidos de Mifid 2. En teoría, las comprobaciones de la aplicación efectiva de la nueva regulación comenzarán a partir del 1 de julio.

“La revisión se centrará en la información previa y a posteriori [si bien, esta será anual con carácter general] sobre incentivos y costes de las operaciones con instrumentos financieros”, aclara la CNMV.