La Comisión de Justicia del Senado ha dado luz verde a ampliar los plazos máximos de instrucción en las causas en una sesión en la que algunos grupos han cargado contra el PP por haber introducido una reforma de la ley en 2015 que invitaba a la «impunidad» y que ha posibilitado el cierre de casos de corrupción. Con 18 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención, la comisión ha dado el visto bueno al texto de la ponencia de la proposición de Ley de reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para su posterior debate y aprobación por el Pleno de la Cámara, previsiblemente el de la semana que viene.

En un primer momento la proposición de ley presentada por Unidos Podemos abogaba por derogar dicho artículo, si bien finalmente lo que ha salido adelante es una modificación que amplía de seis a doce meses el plazo de instrucción, con la posibilidad de que el juez acuerde prórrogas por periodos iguales o inferiores a seis meses.

Los plazos máximos de instrucción, duramente criticados por la carrera fiscal, fueron aprobados por el Gobierno del PP en 2015 y fijaron en seis meses la instrucción, ampliables a 18 en las causas declaradas complejas. Precisamente este jueves el PP ha presentado una propuesta de veto dada la «falta de oportunidad, de técnica jurídica y de urgencia» de una proposición «muy precipitada».

En su opinión, la disposición transitoria que indica que la reforma «será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada de vigor» de la ley y «a tal efecto, el día de entrada en vigor será considerado como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción» podría ser declarada inconstitucional produciendo así la nulidad del procedimiento. Pero la comisión ha tumbado con una amplia mayoría su propuesta de veto al considerar que la reforma es necesaria y conveniente.

Más allá ha ido el PSOE, que opina que la reforma será «una de las imágenes de la legislatura» al demostrar que se ha llegado a un acuerdo «entre diferentes», y ha cargado contra el PP por limitar los plazos de instrucción en 2015, cuando se estaba declarando en el caso Gürtel: «Que casualidad que bajo la excusa de la agilización saliera adelante la modificación». Y ha recordado, como Compromís, que esta reforma posibilitó el cierre de causas como la del caso Pasarelas, que afectaba al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez. Vox, por su parte, ha indicado que «modificar la ley a golpe de conveniencia supone un abuso» y en su enmienda ha abogado por que sean los propios jueces quienes decidan el tiempo de la instrucción. Tanto Vox como el PP mantendrán sus enmiendas en el pleno; no así ERC, que después de que el PSOE le «rogase» que las retirase, ha decidido hacerlo.

Aunque el texto aprobado reconoce que poner un límite máximo a la instrucción «se ha evidenciado pernicioso» al poder «conducir a la impunidad», también admite que «establecer ciertos límites a la duración de la instrucción supone una garantía para el derecho de los justiciables». Establece que las prórrogas deben justificar las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo y las diligencias concretas a practicar. Todas las que hayan sido acordadas antes del plazo serán válidas, aunque se reciban cuando este finalice.