El Congreso de los Diputados ha culminado la redacción del texto del dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras la pandemia del Covid-19, que incorpora ya las conclusiones de los grupos de trabajo y las enmiendas incorporadas de cara a la votación definitiva a lo largo de este mes. El documento, de 137 páginas, ha sido publicado este jueves e incorpora una enorme batería de propuestas entre las que cabe destacar una política fiscal que aboga de un lado por la revisión del gasto y, más especialmente, por una reforma tributaria que eleve la recaudación para permitir incrementar los recursos disponibles para financiar la crisis.

Así, en primer término, el texto considera “imprescindible revisar la propia estructura del gasto público, a través de mecanismos de evaluación de políticas públicas (spending review) que permitan medir y mejorar la eficiencia de las inversiones realizadas y, con ello, la calidad de los servicios prestados”. En este campo, el documento aboga por “establecer mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados, mediante un Plan de Acción de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para la revisión del gasto público” y por la elaboración de planes que “permitan la eficiencia del gasto público”.

En todo caso, el texto impulsado por los partidos socios del Gobierno, PSOE y Podemos, y que ha contado con el apoyo de grupos como Ciudadanos a cambio de la incorporación de algunas enmiendas, pone el foco en la brecha tributaria del país frente a la Unión Europea.

“España tiene una proporción de ingresos públicos con relación al PIB del 39,2%. Más de siete puntos porcentuales menos que la media de la eurozona (46,5%), y muy por debajo de países como Francia, Finlandia, Dinamarca o Suecia”, ilustra. “En 2018 España fue el décimo país de la eurozona con menor capacidad de recaudación. Junto a ello, el volumen de gasto público español sobre el PIB también se encuentra por debajo de los países más avanzados de la Unión Europea. En concreto, éste representa un 41,7% del PIB, frente al 47% registrado en la eurozona en 2018, el 56% de Francia o el 53,1% de Finlandia”, agrega.

A partir de este análisis, el documento detalla que “el Estado español tiene unos ingresos fiscales sobre el PIB más de siete puntos por debajo de la media de la zona euro”, lo que “supone decenas de miles de millones de euros cada año que no se pueden invertir en fortalecer el Estado del bienestar o el modelo productivo”. A fin de impulsar el proceso de reconstrucción que se impone, el texto ve “indispensable reducir esta brecha, sin limitar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de las empresas españolas”.

Entre las propuestas concretas en este terreno, el documento subraya la importancia de impulsar un impuesto a las transacciones financieras, la llamada tasa Tobin, “que realmente grave los productos más especulativos, como los productos derivados y las operaciones de alta frecuencia”. Conviene recordar que el Gobierno ya ha remitido una propuesta en este sentido al Parlamento que impone un gravamen limitado eso sí al saldo neto de operaciones diarias, lo que deja fuera toda la operativa intradía.

El texto hace mención específica a la tributación de las compañías, defendiendo la necesidad de “impulsar la armonización fiscal de tributos como el Impuesto de Sociedades” en el marco europeo “eliminando las distorsiones producidas por algunas jurisdicciones”.

En paralelo, en todo caso, respetando la “seguridad jurídica, certidumbre, eficiencia y progresividad” del sistema fiscal, la Comisión de Reconstrucción defiende la necesidad de “mejorar la capacidad de recaudación en términos de justicia fiscal y capacidad de pago de los contribuyentes (tanto para personas físicas como jurídicas), con el fin de que aporten más quienes más tienen, para que reciban más quienes más lo necesitan”.

Otro campo de actuación destacado del documento es el del desarrollo de una economía digital y medioambiental, que también tiene su eco en el marco fiscal. En concreto, propone “desarrollar de manera efectiva una fiscalidad verde, basada en costes asociados a las emisiones de CO2 de las energías y armonizada en todo el territorio nacional y a nivel comunitario”.

En cuanto a la lucha contra el fraude fiscal, la Comisión propone vigilar “especialmente el relacionado con las grandes fortunas y la economía sumergida” revisando “la configuración del delito fiscal, para endurecer las penas y limitar los supuestos en los que se puede rebajar la pena mediante el pago”.