El presidente de la Comunidad Valenciana anuncia una rebaja fiscal retroactiva para 2022 a rentas de hasta 60.000 euros, superando las planteadas por el PP, y eleva la presión sobre Hacienda para bajar impuestos. Montero mantiene el foco en gravar más a rentas altas y ciñe las rebajas a medidas quirúrgicas como la del IVA en higiene femenina.

La batalla de medidas fiscales que han puesto en marcha en los últimos días las comunidades autónomas y el Gobierno central dio un vuelco ayer con la irrupción en escena de un protagonista inesperado. Tras los anuncios de rebajas de Patrimonio y deflactación del IRPF de las regiones gestionadas por el PP, y el aviso de Hacienda de que prepara un nuevo impuesto a las grandes fortunas y alzas tributarias para las rentas más altas, la Comunidad Valenciana se descolgó ayer con una sorpresiva rebaja del Impuesto sobre la Renta para quienes cobren menos de 60.000 euros anuales que dinamita el discurso tributario del Gobierno.

El anuncio lo realizó el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, durante su intervención parlamentaria en el Debate sobre el estado de la Comunidad, en la que detalló que su particular reforma fiscal tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022. El plan pasa por incrementar en un 10% la cuantía exenta por la que tributan los valencianos, hasta "el máximo que permite la norma"; por establecer una nueva tarifa autonómica del IRPF para el ejercicio 2022, con nuevos tramos adaptados a la inflación para rebajar la carga fiscal sobre las rentas de hasta 60.000 euros; y por impulsar una ampliación del 10% sobre "todas las deducciones y bonificaciones fiscales" que ofrece la región.

Puig remarcó que las medidas irán en beneficio de "la mayoría de la sociedad", propiciando concretamente una rebaja de impuestos de 149 millones de euros (el 3,6% de su recaudación) a 1,34 millones de valencianos (el 97,4% del total). El ahorro medio será de 111 euros por contribuyente.

El presidente valenciano aseguró que está en contra del "populismo fiscal" practicado por otras comunidades, en alusión a las gestionadas por el PP que están bonificando con fuerza el Impuesto de Patrimonio, y subrayó que la Comunidad Valenciana mantendrá inalterado ese tributo, que solo lo pagan "el 0,5% de valencianos", detalló.

La medida impulsada por Puig sube las apuestas de las rebajas fiscales promovidas por el PP, que en el caso del IRPF viene abogando por actualizar las tarifas con la inflación para los tramos que comprenden hasta 40.000 euros de salario bruto. El objetivo de esta deflactación es evitar la llamada progresividad en frío, la subida fiscal encubierta que provocan el alza de salarios y precios al hacer saltar de tramo de IRPF a un contribuyente pese a su pérdida de poder adquisitivo frente al IPC.

De momento, Andalucía ha anunciado que deflactará al 4,3% los tres primeros tramos de IRPF (hasta los 40.000 euros de salario bruto); Madrid y Murcia lo harán al 4,1%, y Galicia dijo ayer que hará lo propio con rentas de hasta 35.000 euros. Castilla y León, que el PP gobierna con Vox, se contenta de momento con rebajar en medio punto el primer tramo de la tarifa autonómica.

La rebaja de IRPF anunciada ayer por Puig rompe, sin embargo, la estrategia del Gobierno, que viene rechazando toda rebaja fiscal que no sea quirúrgica mientras afea las del PP, y eleva la presión para que Hacienda amplíe la rebaja de impuestos o abrace la deflactación del IRPF.

Aunque se evitaron críticas públicas expresas, el movimiento del socialista valenciano fue mal digerido en el Gobierno central. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se limitó a pedir un "discurso responsable" en el ámbito tributario a las regiones y a recordar que Hacienda anunciará su paquete fiscal completo en días. El efecto llamada que puede provocar el movimiento de Puig, con las elecciones autonómicas de mayo y generales de finales de 2023 a la vuelta de la esquina, amenazan, sin embargo, con que el anuncio de Hacienda no suponga la última palabra en esta batalla fiscal.