El carácter automático de las sanciones de Hacienda por la declaración fuera de plazo de bienes en el extranjero ha quedado limitado tras la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que anuló una de estas multas. «La Administración no podrá iniciar expedientes sancionadores con el automatismo con el que lo hacía hasta ahora», explica Esaú Alarcón, asesor fiscal y abogado del contribuyente en Gibernau Asesores.

El motivo es la decisión del TEAC de 14 de febrero de 2018. Este Órgano anula y asegura que no procede una de estas sanciones, que ascienden al 150 por ciento de la ganancia patrimonial imputada por Hacienda. «Es un primer paso para que al final se convierta en una sanción que, además de cumplir con el hecho que da lugar a la sanción, el contribuyente ha de tener una mínima culpa en ello», explica Alarcón.

Javier Gómez Taboada, miembro de la directiva de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), destaca que la resolución no entra tanto en las cuestiones de fondo de la declaración de bienes en el extranjero, sino que centra su decisión en la demostración de la culpabilidad. «Si los tribunales encuentran aquí el argumento para liberarnos de esta espada de Damocles, bienvenido sea», añade.

Según exige la ley, Hacienda debería aplicar la multa prevista en estos casos. Sin embargo, la resolución del TEAC ha añadido la demostración de la culpabilidad del contribuyente para sancionar. «Realmente es el único punto al que se pueden agarrar los tribunales es la falta de culpabilidad demostrada», explica Gómez Taboada.

En la misma línea, Alejandro del Campo, abogado de DMS Consulting que denunció el Modelo 720 ante la Comisión Europea, señala que «el TEAC no se pronuncia sobre la proporcionalidad de la sanción 150 por ciento y su adecuación o no al derecho UE porque la anula por insuficiente motivación de la culpabilidad».

Sin embargo, tanto él como Esaú Alarcón valoran positivamente la resolución. «Va a dar mucha tranquilidad a mucha gente», indica Alarcón. «Tiene una importancia muy psicológica porque hay mucha gente que tenía dinero fuera y no lo presentó en su día, como es el perfil de este caso: una persona mayor que generó el patrimonio hace muchos años y que ahora ha presentado la declaración fuera de plazo», explica.

Abigail Blanco, socia del Departamento Tributario de Garrigues, destaca que la resolución «permite cierto optimismo y que las regularizaciones voluntarias no conlleven la imposición de la sanción del 150 por ciento sobre la deuda correspondiente al incremento no justificado de patrimonio». Sin embargo, Blanco precisa que «habría sido deseable que el TEAC se hiciera eco adecuadamente de la clara vulneración por la normativa española de principios fundamentales del derecho de la UE y de diversos principios constitucionales».

Los especialistas señalan a la Unión Europea como la esperanza final para eliminar estas sanciones. Precisamente, la Comisión Europea ha dictaminado que es ilegal la normativa española que regula la declaración de bienes en el extranjero (Modelo 720).

Según Bruselas, esta obligación tributaria española infringe cinco derechos fundamentales recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), según consta en el informe, fechado el 15 de febrero de 2017 y firmado por Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas.

Hacienda lo mantuvo en secreto hasta que fue obligada a facilitárselo a los asesores fiscales de un contribuyente granadino por requerimiento de la Audiencia Nacional, de 25 de octubre de 2018. «El Modelo 720 vulnera de manera tan flagrante el Derecho UE, tal y como pone de manifiesto el Dictamen Motivado, que la Comisión Europea tomará en breve la decisión de interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la UE, que no me cabe duda de que terminará tumbando ese régimen», asevera Alejandro del Campo.

Además, un Informe del Defensor del Pueblo Europeo de 26 de abril de 2019 indica que la Comisión Europea tomará en los próximos meses una decisión acerca de si cierra el caso o si inicia un procedimiento ante el Tribunal de Justicia europeo. «Apuesto por lo segundo», asegura del Campo.