La suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, impulsada por los organismos comunitarios a comienzos de la crisis del coronavirus para dar algo de tregua a las economías nacionales y cuya vigencia está prevista, al menos por ahora, hasta 2022, da como mínimo un año de tregua a España en lo que a la recepción de los fondos de reconstrucción se refiere. Una vez que los socios tengan que volver a la senda fiscal, sin embargo, el desembolso de los más de 140.000 millones de euros a los que opta España entrará en zona de riesgo habida cuenta de que la Comisión y el Consejo se guardan un as bajo la manga para poder cerrar el grifo de hasta un cuarto de los fondos comprometidos cuando uno de los socios incumpla los objetivos de reducción de déficit.

En concreto, tal y como recoge el reglamento definitivo del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia –la principal pata del fondo Next Generation UE–, la suspensión del desembolso de los fondos “estará sujeta a un máximo del 25% de los compromisos o el 0,25% del PIB nominal, el que sea menor”, cuando uno de los socios quebrante las exigencias asociadas a un proceso de déficit excesivo abierto por el Ejecutivo comunitario, entre otras razones.

El Consejo Europeo utiliza este tipo de procedimientos para apoyar la vuelta a situaciones presupuestarias saneadas, una sombra que amenaza con cubrir a España teniendo en cuenta que la propia Comisión, en sus previsiones de otoño, proyectó un déficit público que se dispararía al 12,2% del PIB en 2020, al 9,6% un año después y al 8,6% en 2022. Sin embargo, mientras la cláusula de escape permanezca en vigor, recalca el reglamento, el grifo seguirá abierto. “La posibilidad que tiene la Comisión de proponer una suspensión debe a su vez suspenderse siempre que se haya activado la llamada cláusula de escape general del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”, señala el texto.

La vuelta a las reglas fiscales es, por ello, uno de los temas más espinosos a tratar en el seno de la UE. El Eurogrupo (los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro) celebrado ayer centró buena parte de su agenda en la intranquilidad que generan los crecientes desequilibrios económicos entre países y en cómo atajarlos. En lo que respecta a la cláusula de escape, Bruselas ya ha abierto la puerta a que pueda extenderse a 2023, un debate que, tal y como aseguró ayer la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, “tendrá que llegar en primavera, cuando la Comisión presente las recomendaciones fiscales de cara al año que viene”.

De reactivarse las reglas fiscales en 2022, España tendría serios problemas para hacer frente a una reconducción exprés de sus cuentas a fin de situarlas en los parámetros que la UE considera aceptables. Después de todo, a España ya le costó 10 años salir del protocolo de déficit excesivo que Bruselas activó cuando superó el umbral del 3% (superó el 11%) al estallar la crisis financiera, en 2008. Además, el agujero fiscal del país se incrementó en 2019, por primera vez desde 2012, pasando del 2,54% al 2,8%, y la previsión del Gobierno es que este año salte al 11,3%. Aunque el Ejecutivo se ha propuesto rebajarlo ya este ejercicio al 7,7%, gracias fundamentalmente al rebote del PIB, la cota seguiría más que duplicando el límite aceptado y está por ver qué tiempo da la UE para reajustar las cuentas públicas.

Otro tanto ocurre con la deuda pública, que pasará del 95,5% al entorno del 119%, según las previsiones oficiales. En este caso el Gobierno augura una primera rebaja en 2021, al 117%, gracias a la recuperación económica. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que controlar el endeudamiento puede llevarle a España dos décadas de ajustes fiscales. No digamos ya situarlo en el entorno recomendado por Bruselas, del 60% del PIB, que podría no haberse logrado hasta pasado 2050. Del lado del déficit, la autoridad fiscal estima que, aun emprendiendo un ajuste del agujero estructural de medio punto anual, volver a la situación precrisis puede requerir toda esta década.