Las comunidades autónomas podrán gastar en 2019 más dinero que nunca. Aunque los ingresos por los impuestos propios están aún lejos del máximo de los años del boom inmobiliario, los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica han rellenado las arcas regionales de 165.000 millones, más dinero del que han dispuesto hasta ahora. Aun así, estas administraciones son las encargadas de prestar servicios esenciales como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia, unas competencias con tensiones de gastos crecientes, sobre todo en un país envejecido como España.
Los presidentes autonómicos gestionarán el próximo año un gasto de más de 165.000 millones de euros, la mayor cifra en manos de las comunidades de la serie histórica del Ministerio de Hacienda. La mejora de sus recursos procede tanto de los mayores recursos que aportará el sistema de financiación en 2019, como de la recuperación de sus impuestos vinculados a la actividad inmobiliaria.
Las comunidades rozarán ya este año, si no lo superan, el máximo de ingresos alcanzado en 2009, cuando gracias a la reforma del esquema de financiación dispusieron de 163.904 millones. Ese ejercicio, la exministra de Economía, la socialista Elena Salgado, sacó adelante un nuevo sistema de financiación, vigente ahora, después de ofrecer 11.000 millones de euros más a los presidentes regionales. Aunque la crisis financiera ya había lanzado la primera gran dentellada, las autonomías no percibieron la dimensión de la Gran Recesión, porque los recursos del modelo de financiación se calcularon con unos ingresos poco realistas.
Además, ese mismo año recibieron otros fondos extraordinarios por el cierre del sistema de 2007, que fueron extremadamente generosos. El retraso de dos años para asignar los recursos definitivos del sistema es de las principales críticas del actual modelo de financiación. A las autonomías se les asigna cada año una cantidad de dinero que se corresponde con el 98% de la previsión de recaudación de los impuestos cedidos (el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales), que será liquidada dos años más tarde, cuando el Estado cierra oficialmente el presupuesto de ese ejercicio. Así, dos años después de entregar el dinero de un ejercicio, el Estado hace cuentas con las comunidades y les asigna más recursos si se quedó corto en sus previsiones o les reclama dinero si se excedió en sus pronósticos. En los años de bonanza, las autonomías suelen recibir más dinero de lo previsto y en los de crisis, menos. El problema llega cuando hay un cambio de ciclo. Entonces el retraso de dos años en el cierre definitivo del sistema deja a las autonomías sin margen de actuación.