Multinacionales por la marca España se sumó ayer al clamor empresarial contra los últimos anuncios que ha hecho el Gobierno de subidas de impuestos a las compañías. El presidente de la organización, José María Palomares, advirtió al Ejecutivo de que «el equilibrio de las cuentas públicas y la consolidación fiscal no debe basarse en aumentos impositivos que desincentiven la actividad económica y fomenten la deslocalización de capital y talento», con el consiguiente riesgo de destrucción de empleo.

Por el contrario, en la inauguración del V Congreso anual de la institución empresarial, que reúne a 40 de las grandes multinacionales extranjeras en España, Palomares explicó que «necesitamos un sistema fiscal estable, simple y eficaz» con el que trabajar. «No estamos especialmente contentos con unos anuncios de subidas de impuestos, que pueden debilitar nuestra posición competitiva frente al resto de países», dijo Palomares.

Entre otras decisiones, el Gobierno ha anunciado para 2019 próximas subidas de los impuestos de Sociedades, de la Renta; la llamada tasa Google o la creación de un impuesto a algunas transacciones financieras para destinar su recaudación exclusivamente a financiar las pensiones. También ha propuesto un aumento, de hasta un 12%, de las bases máximas de cotización, y de un 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional, desde los 736 a los 900 euros mensuales.

Palomares mostró su preocupación por la «sensación de inestabilidad institucional» que transmite el Gobierno con sus reiterados anuncios de medidas y de rectificaciones. No es una crítica a las negociaciones con Podemos para sacar adelante los presupuestos, «porque la legitimidad la dan las urnas», sino de despejar las intenciones económicas y políticas para poder operar. «Necesitamos conocer la acción de Gobierno», dijo el presidente de Multinacionales por marca España.

Los empresarios demandaron «seguridad jurídica, con un marco institucional y entorno jurídico estable». En este sentido, el desafío del Gobierno independentista de Cataluña forma parte de lo que las compañías califican como Riesgo país. «Es un tema que nos preocupa, aunque ahora menos que hace unos años. Reclamamos nuestro apego a la legalidad vigente», dijo Palomares. Precisamente, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, aprovechó la inauguración del congreso de las multinacionales para defender ante los inversores «la estabilidad política» de la región. Una comunidad autónoma «que tiene los impuestos más bajos de España», con unos «presupuestos rigurosos, realistas y también ambiciosos».

Garrido recordó al auditorio de empresarios que, en el primer semestre del año, la inversión extranjera en la comunidad de Madrid ascendió a 2.260 millones de euros, el 70% de todo el capital extranjero recibido en España. También recalcó Garrido que «Madrid es líder en la creación de empleo en España», con 122.573 nuevos puestos de trabajo en el último año.

Pese a las críticas de las multinacionales, las secretarias de Estado de Economía, Ana de la Cueva, y de la España Global, Irene Lozano, defendieron la labor económica del Gobierno y el cambio político. Además, resaltaron que «las políticas de gasto recogidas en el Plan Presupuestario, [pactado con Podemos], son socialmente justas, pero también económicamente productivas. Además, resultan responsables desde la estabilidad presupuestaria». Así, Ana de la Cueva dijo que, aunque en el acuerdo «se recoge el necesario incremento de algunas partidas de gasto social, este aumento es contenido e inferior al crecimiento del PIB nominal». Coherente «con perseverar en la consolidación fiscal de la economía».

En esta línea, también defendió las medidas fiscales. «El Gobierno tiene como objetivo modernizar el sistema tributario, adaptándolo a la realidad económica del siglo XXI y potenciando su capacidad redistributiva. Asimismo, el compromiso de subir el salario mínimo interprofesional busca reducir las desigualdades salariales y de género. De esta forma, el mercado laboral retomará su papel como mecanismo distributivo de la renta», dijo la secretaría de Estado de Economía.

No obstante, Ana de la Cueva elogió el papel de estas empresas en la economía española. De hecho, las filiales en España suponen el 15% del PIB; el 40% de la industria y de la propia exportación española. Además, dan trabajo a 1,4 millones de personas.