La contabilidad de las multinacionales continuará siendo opaca. Ayer, la directiva que las habría obligado a publicar los beneficios que obtienen y los impuestos que pagan en cada uno de los estados miembros fue derrotada por la mínima. Doce países, con el irreductible Luxemburgo al frente, consiguieron bloquear la propuesta en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Fue decisiva la abstención de Alemania que, con una coalición de gobierno dividida entre unos conservadores contrarios a la transparencia y unos socialistas favorables, acabó absteniéndose y con ello, impidiendo la aprobación.

El apoyo de la mayoría de países, entre los cuales grandes economías como Francia, Italia, España y Holanda no fueron suficientes para aprobar una legislación que se arrastra desde hace tres años y que Finlandia, la presidencia de turno de la UE, supo rescatar y poner encima de la mesa, pero sin llegar a conseguir la luz verde final.

Esta transparencia fiscal de las multinacionales fue una de las medidas que se plantearon en el 2016, a raíz de los escándalos provocados por los papeles de Panamá o los Luxleaks, que revelaron los procedimientos que utilizan las multinacionales para minimizar su tributación en Europa, aprovechando los agujeros legales y escogiendo el país que mejores condiciones fiscales les ofrece.

Lo que plantea esta norma es que las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros anuales estén obligadas a hacer públicos algunos datos básicos entre los cuales se incluyen sus beneficios y los impuestos que pagan, detallados país por país. Son datos que actualmente ya tienen que facilitar a las administraciones tributarias, pero bajo condición de confidencialidad, con lo cual no llegan a la opinión pública. La medida afectaría tanto a las empresas con sede en la UE como las situadas fuera, pero con filiales en territorio comunitario. Para intentar sumar apoyos, se introdujeron algunas concesiones en la propuesta, como una salvaguarda para que las empresas que justificasen que quedarían perjudicadas por la publicación de los datos, pudieran retrasar la publicación durante un cierto tiempo.

“Los gobiernos que la bloquean tendrán que explicar a los contribuyentes por qué ellos pagan impuestos y en cambio multinacionales como Amazon o Starbucks pueden seguir operando sin pagar nada”, declaró el eurodiputado socialista Ibán García del Blanco al conocerse el veto. También el diputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, calificó de “vergonzoso” el rol jugado por Luxemburgo, y añadió que “esperamos que Alemania clarifique su posición, ya que su apoyo contribuiría a desbloquear el texto”.

En el debate de ayer, además de Luxemburgo, también se manifestaron en contra países como Irlanda o Malta, que forman parte de los sospechosos habituales cuando se trata de política fiscal, dada su tradicional reserva a ceder competencias o aplicar transparencia en este terreno. El argumento principal que plantearon es que la norma parte de una base legal equivocada, y que la que en realidad le correspondería es la normativa tributaria. La clave del asunto es que si se acepta la base legal tributaria entraría en juego la unanimidad, y con lo cual, mayor facilidad para bloquear la norma. Otro argumento también utilizado es que el tema ya se está tratando a nivel más global, concretamente en la OCDE.