La primera ministra británica, Theresa May, decidió este lunes posponer la votación del Brexit prevista para el martes en el Parlamento de Westminster, ante la evidente y “significativa” derrota a la que se enfrentaba. La noticia se produjo apenas unas horas después de que la Justicia europea dictara que Reino Unido puede revocar el Brexit unilateralmente, aunque el posible aplazamiento se venía mencionando desde el fin de semana. May rehusó concretar la nueva fecha de la votación, pero según medios británicos, el plazo límite sería el 21 de enero.

Ante una decisión que añade incertidumbre a los mercados, la libra volvió a hundirse hasta mínimos de 20 meses. A cierre de los mercados europeos, perdía 1,3% frente al dólar y al euro, aunque llegó a caer un 1,8%. La patronal británica alertó de que el país puede sumarse en una “crisis nacional” si no hay pronto un acuerdo y sostuvo que el aplazamiento del Ejecutivo supone “un revés” para las empresas del país. El Ibex también se vio contagiado por las dudas del Brexit, y cedió un 1,76% hasta los 8.660 puntos, marcando mínimos de dos años.

La premier llevaba semanas intentando conseguir el respaldo de los Comunes al acuerdo de salida sellado con Bruselas a mediados de noviembre. Pero a menos de 24 horas para que se celebrara la votación, la aritmética parlamentaria seguía sin salir: May sabía que no conseguiría el apoyo de al menos 320 diputados, ya que ni siquiera el conjunto de la bancada tory (315 asientos) la respaldaba.

El rechazo de la mayoría de grupos –ya evidente desde el pasado mes– se amplificó la semana pasada después de que el propio fiscal general del país revelara lo que ya muchos sospechaban: que el acuerdo de salvaguarda alcanzado para la frontera norirlandesa vincularía de manera indefinida a Reino Unido con la UE. Por eso, la líder británica reconoció este lunes la “profunda preocupación” de muchos de los Comunes sobre este punto, y aseguró que pedirá “garantías adicionales” a Bruselas este jueves, coincidiendo con la celebración de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que ese mismo día convocará una reunión sobre el Brexit, pero volvió a insistir en que el acuerdo –incluida la salvaguarda– no es renegociable, aunque ofreció su ayudar para lograr la ratificación del lado británico.

Ante las risas, abucheos y duras críticas de la oposición, la líder sostuvo que su Gobierno buscará fórmulas para asegurar que la solución para Irlanda del Norte tenga “legitimidad democrática” y no vincule al país de forma indefinida a la UE hasta cerrar un nuevo tratado comercial. No obstante, insistió en que “no cabe acuerdo posible sin algún tipo de salvaguarda” que evite una frontera física en la región.

El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, denunció que el Gobierno haya “perdido el control de los acontecimientos”, y amenazó con presentar una moción de censura si May vuelve de Bruselas “sin cambios significativos”. El aplazamiento de la votación sumada a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE hace que la posibilidad de que finalmente se dé marcha atrás y no haya Brexit gane peso. JP Morgan, entre otros, ya lo sitúa como el segundo escenario más factible, con un 40% de probabilidad frente al 50% de una salida pautada.

El tribunal de la UE sentenció este lunes que Londres puede retractarse del Brexit sin necesidad del acuerdo de los Veintisiete y decidir in extremis no consumar el divorcio. Tendría hasta el 29 de marzo para comunicar por escrito al Consejo Europeo su decisión.

Retomando el dictamen preliminar del abogado general emitido la semana pasada, Luxemburgo sostuvo que la revocación refleja una “decisión soberana” de querer conservar el estatus de Estado miembro. Subrayó, además, que forzar la salida por unanimidad iría contra el objetivo de los tratados de “crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”, y supondría convertir “un derecho unilateral soberano en un derecho condicional”. El tribunal añadió que la salida de la UE solo puede ser ratificada si se respetan las reglas constitucionales de Reino Unido, esto es, contando con la aprobación del Parlamento británico.