El Gobierno supera en el Congreso de los Diputados el primer escollo para sacar adelante su propuesta de imponer un gravamen extraordinario y temporal a grandes energéticas y bancos para financiar la economía en un momento inflacionista, potenciado por los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania. Los grupos parlamentarios del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) han conseguido que el Congreso tome en consideración su proposición de Ley para aplicar unos gravámenes temporales a las empresas energéticas y a la banca por los beneficios extraordinarios que están obteniendo por la crisis originada por la escalada de precios y la guerra en Ucrania.

Los partidos del Ejecutivo lograrán sacar adelante esta iniciativa -que pasa hoy así el primer filtro de su tramitación parlamentaria– con el respaldo de sus socios del bloque de investidura. Si bien, los portavoces de los grupos nacionalistas vascos y navarros advirtieron que exigirán que sean sus Haciendas forales las que gestionen en estos gravámenes, "o no se garantizará el voto favorable a esta iniciativa", advirtió ayer la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua.

No obstante, todo apunta a que este cambio se producirá en la norma, ya que antes incluso de que se produjera el debate parlamentario de esta toma en consideración el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se abrió a cambios en el texto legal "si hay invasión de competencias", que es lo que argumentan los independentistas.

El gravamen a las energéticas será del 1,2% sobre el importe neto de su cifra de negocios y con él se pretende recaudar para las arcas públicas 2.000 millones de euros al año, durante los dos años que durará este impuesto temporal. A juicio de alguno de los socios del Gobierno esta cuantía se queda incluso "corta" si se tiene en cuenta que solo en seis meses, de enero a junio pasados estas compañías recaudaron 11.000 millones de euros.

E igualmente, el nuevo impuesto a la banca será del 4,8% del margen de intereses y comisiones, con lo que el Estado prevé ingresar 1.500 millones al año también durante dos ejercicios. En este caso, la justificación de los socios del Gobierno para aplicar este impuesto fue que en 2021 los beneficios de la banca ascendieron a 20.000 millones, "y aumentarán considerablemente este año por la brutal subida de los tipos de interés", advirtió el diputado de Unidas Podemos, Pablo Echenique.

Tal y como era de esperar los grupos del PP, Cs y Vox votaron en contra, acusando al Gobierno de coalición, en entre otras cosas, de hacer una tramitación parlamentaria "tramposa" por no haber presentado un proyecto de ley para eludir la memoria económica.