La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió en julio introducir un “marco” para los salarios mínimos en la UE respetando a la vez las diferencias entre los mercados laborales individuales como parte de su estrategia para ganarse el apoyo del Parlamento Europeo.

Pero los países donde los acuerdos salariales entre sindicatos y empresas son algo común han advertido contra la introducción de una normativa de la UE por parte del comisario de Empleo Nicolas Schmit, al temer que sus propios sistemas queden dañados.

El ministro de Trabajo danés Peter Hummelgaard afirma que, aunque Schmit le ha asegurado que la comisión no tiene intención de socavar la negociación colectiva -en la que los representantes de los empleadores y los trabajadores cierran acuerdos sobre los salarios y otras condiciones laborales- “no estaremos tranquilos hasta que veamos impresos los detalles finales”. “Nos preocupa que la directiva no contenga las exenciones necesarias o las garantías de nuestro sistema”, afirma en una entrevista. “El principio básico del modelo danés es que no tenemos injerencias políticas”.

La UE quiere que los salarios converjan a un nivel más alto en toda la zona, dada la amplia disparidad salarial, especialmente entre los países occidentales y los miembros más nuevos del Este. El debate sobre los salarios mínimos se impulsó cuando Frans Timmermans pidió a cada estado miembro de la UE tener un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio en ese país.

La comisión tiene que hacer aún alguna propuesta o decidir qué forma legal tomarán los artículos en una consulta a mediados de enero. El dictado de los niveles salariales no es competencia de Bruselas, pero una opción es una directiva que podría permitir que se fije un marco para los salarios mínimos, utilizando múltiples indicadores.

“El número de empleados en la UE está en niveles récord. Pero muchos trabajadores tienen problemas para llegar a fin de mes e incluso rozan la pobreza. Es esencial que los trabajadores tengan un salario justo que garantice un nivel de vida decente”, afirma Schmit.

Sólo seis de los 28 estados miembros -Dinamarca, Finlandia, Suecia, Austria, Italia y Chipre- no tienen un salario mínimo legal. En el resto de países varían desde menos de 500 euros en Bulgaria y Rumanía a más de 2.000 euros en Luxemburgo, según Eurostat. Los países nórdicos y otros cuantos estados con altos niveles salariales dependen de los sistemas de negociación colectiva bajo los que el Estado juega un papel mínimo.