Hasta seis países europeos han anunciado ya que abandonarán el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (ISD) -conocido como tasa Google- tras su fracaso en ingresos. España, Francia, Italia, Inglaterra, Austria y Turquía han manifestado su intención de eliminar este impuesto y trasladar su política fiscal al nuevo proyecto internacional, liderado por Estados Unidos, en el que ya trabaja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos países esperarán a que se apruebe la nueva normativa fiscal del organismo antes de eliminar sus tasas Google.

La decisión de estos países se ha producido después de los primeros ingresos por este tributo en Europa. La recaudación ha sido mucho menor lo estimado por los Gobiernos. En el caso de España, ha ingresado 92 millones de euros a las arcas públicas hasta junio, lo que supone tan solo un 9,5% de lo que Hacienda espera recaudar por ello en el conjunto del año. El Gobierno estimó que recaudaría 968 millones de euros al año. Además, los países que han implementado este impuesto han sido amenazados por la diplomacia norteamericana con aranceles.

Por todo ello, estos seis países han claudicado y han presentado un plan para revertir sus tasas Google. Estados Unidos ha aplaudido estas declaraciones y ha asegurado que retirará sus amenazas arancelarias una vez que los países retiren el impuesto y se adhieran al plan fiscal de la OCDE.

En total, los países que han implementado un impuesto a los servicios digitales son Austria, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, España, Turquía y el Reino Unido. Por su parte, Bélgica, la República Checa y Eslovaquia estudian su implantación en estos momentos. Además, Letonia, Noruega y Eslovenia han anunciado oficialmente o han mostrado intenciones de implementar dicho impuesto.

«Estos impuestos se han considerado generalmente como medidas provisionales hasta que se alcanza un acuerdo a nivel de la OCDE, y ahora que se ha alcanzado dicho acuerdo, será importante monitorear cómo los países cambian o revocan sus tasas Google», apuntan Elke Asen, analista de políticas en el Center for Global Tax Policy de la Tax Foundation, y Daniel Bunn, vicepresidente de Proyectos Globales de la Tax Foundation, un think tank tributario con sede en Washington. «Además, la Unión Europea (UE) tiene la intención de implementar su propio impuesto digital a partir de 2023. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas (ONU) han agregado disposiciones especiales para los ingresos de los servicios digitales automatizados a la Convención Modelo de Impuestos de las Naciones Unidas, que se aplicaría a las partes del tratado que acuerden su inclusión», explican los especialistas.

La OCDE negocia con más de 130 países para adaptar el sistema tributario internacional a la nueva realidad digital. La propuesta actual requeriría que algunas de las empresas multinacionales más grandes del mundo paguen parte de sus impuestos sobre la renta donde se encuentran sus consumidores. Es el llamado Pilar 1 de la transformación fiscal que prepara la OCDE.

La propuesta supondrá un golpe fiscal a las multinacionales de hasta 275.000 millones de dólares. El organismo sostiene que estas compañías evaden hasta un 10% de la recaudación total del Impuesto sobre Sociedades (IS) con sus establecimientos en territorios de baja tributación. La nueva propuesta fiscal de la OCDE obligará a estas empresas a trasladar un 25% de los beneficios a los países donde tengan a sus clientes y usuarios para que tributen allí.

La nueva estrategia del club de los países desarrollados establece que los derechos fiscales sobre el 25% de los beneficios residuales de las multinacionales se reasignarán a las jurisdicciones donde se encuentran sus clientes y usuarios. Con esta medida, la OCDE espera que los derechos fiscales sobre más de 125.000 millones de dólares de beneficios se reasignen cada año a los países donde operan las multinacionales.

La organización incluye en esta nueva exigencia a las multinacionales con un volumen de negocios global superior a los 20.000 millones de euros y una rentabilidad mayor al 10% antes de impuestos, calculada mediante un mecanismo de ponderado con el umbral de volumen de negocios. El plan excluye a los sectores extractivo y de servicios financieros regulados. La OCDE reducirá el umbral de facturación a 10.000 millones de euros, con una revisión que comenzará 7 años después de la entrada en vigor del acuerdo, y otra que se completará en un plazo no superior a un año.