La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció en el Congreso de los Diputados que el Gobierno “suspenderá” en un Consejo de Ministros “muy próximo”, el impuesto del 7% a la generación eléctrica para aliviar la subida del precio de la luz, que ayer registró el máximo del año, casi 76 euros MWh. Este tributo, que creó el Gobierno del Partido Popular en la ley 15/2012 fue un puntal de la reforma energética de José Manuel Soria para acabar con el déficit de tarifa, junto con un fuerte recorte de los ingresos de las renovables.

La suspensión, “hasta dejarlo en un tipo cercano a cero”, según Ribera, permite al Gobierno bajar la factura sin tener que cambiar la ley (para lo que no tendría tiempo, aunque sí apoyos, ya que el PP se ha adelantó a la medida con una proposición de ley para eliminar este impuesto). Esta suspensión supondrá, según fuentes del ministerio, una rebaja de la factura del 2,5%.

Como adelantó el lunes Cinco Días, el Gobierno ha estado debatiendo si eliminar este impuesto, cuya recaudación es superior a los mil millones de euros. Una cantidad que podrá compensar con los ingresos de las subastas de derechos de emisión CO2, que se han triplicado en lo que va de año, de 5 euros por tonelada a 24 euros, y proporcionará una recaudación a Hacienda de 1.400 millones de euros este año, frente a los 500 millones de años anteriores. Detrás de esta inflación están las medidas de Bruselas para encarecer el precio y evitar las emisiones de la industria.

Tras criticar un modelo de mercado mayorista arcaico, “en el que conviven lo viejo y lo nuevo”, la ministra ha anunciado un paquete de medidas urgentes de choque: la desaparición del llamado impuesto al sol, ampliamente anunciado, pero que tampoco concretó; el fomento de la energía distribuida y medidas de protección al consumidor doméstico. Para más adelante propuso, también sin especificar, un cambio del actual mercado marginalista de la electricidad, en el cual, el precio de la tecnología más cara que casa en las subastas (las plantas de carbón y de gas) se aplica a todas las demás.

Dado que la actual estructura de la factura incide de lleno en los pequeños usuarios, la ministra ha anunciado una continuidad del actual bono social de la tarifa, ampliando su cobertura a los consumidores más vulnerables (mejorándolo para personas solas y protegiendo a la infancia) así como la creación de un bono para calefacciones, Se trata de un “bono térmico” no asociado a una energía concreta de gas o luz.

En cuanto a las medidas de protección a los domésticos, Teresa Ribera anunció medidas contra las prácticas abusivas de las comercializadoras, exigiendo una mayor información y transparencia sobre la potencia contratada, para que se ajuste a las necesidades de cada hogar y aumentar los tramos de esta potencia. Se trata de “mejorar la situación de las familias monoparentales, personas solas y defensa de la infancia”, subrayó.

Ribera propuso un debate a fondo sobre el funcionamiento del mercado: acelerar la transición energética, dar garantías al inversor y lograr un mercado sencillo y estable. Hasta ahora el modelo de mercado marginalista era el adecuado, pero la situación actual es diferente, según la titular de Transición Ecológica, pues con un parque prácticamente amortizado, las viejas centrales siguen recibiendo el mismo precio que la tecnología más cara.

Aunque no ha detallado las medidas para reformar el pool, Ribera indicó que se buscará un modelo de remuneración atractivo para las renovables, con la repotenciación de las instalaciones; se “tomará en serio regular el almacenamiento energético” y se replanteará el funcionamiento de los mercados de capacidad. Asimismo, propone impulsar los contratos bilaterales a plazo (PPA).