En los primeros seis meses de aplicación de esta normativa ha tenido como consecuencias la apertura de 2.000 expedientes relacionados con el registro de jornada. Del total, 505 han sido cerrados, y 107 han sido finalmente resueltos con sanción definitiva, con la cuantía señalada anteriormente (113.000 euros).

Según los datos analizados en mundolopd.com (portal puesto en marcha por la compañía Conversia para informar y analizar sobre esta regulación), la media de las sanciones oscila los 1.000 euros por empresa. Es una cifra que supera las infracciones catalogadas como leves (cuyas multas van de 60 a 626 euros). No hay que olvidar que las sanciones graves pueden llegar a los 187.000 euros.

Por otro lado, de los 505 expedientes finalizados, un total de 189 organizaciones han recibido un requerimiento para solucionar situaciones de irregularidad, y en caso de no hacerlo en tiempo y forma también serán sancionadas.

Por lo general, las multas relacionadas con esta implantación de la normativa aún están muy lejos de las que se expiden por irregularidades en el tiempo de trabajo. Pero en 2020 la Inspección de Trabajo no será tan condescendiente como en esos seis primeros meses de la normativa a la hora de aplicar sanciones. Lo advierte el propio Ministerio, pero también desde el mencionado portal, quienes recuerdan en su análisis que la Seguridad Social se coordinará con las Comunidades Autónomas para poner en marcha campañas específicas sobre la cuestión.