La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha recomendado hoy mantener la actual tarifa plana de cotización a la Seguridad Social para los nuevos trabajadores autónomos hasta que este colectivo cotice según sus ingresos reales. Este cambio en el modelo de cotización de los trabajadores por cuenta propia –que ahora escogen libremente la base por la que cotizan– ha sido defendido por la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, y empieza a ser negociado hoy mismo entre el Gobierno y las asociaciones de estos trabajadores.

Esta recomendación de mantener la tarifa plana para autónomos es fruto de las conclusiones alcanzadas por la Airef en uno de sus estudios que analizan la eficacia del gasto público (spending review) que ha sido presentado hoy y que en esta ocasión ha evaluado sobre incentivos a la contratación. En concreto, estos expertos han analizado la eficacia de siete de estos incentivos para la contratación (de menores de 30 años; mayores de 45 años; mujeres con infrarrepresentación en determinados sectores; transformación de contratos temporales en indefinidos; tarifa plana de autónomos; bonificaciones y reducciones al trabajo autónomo de carácter específico y para personas con discapacidad) durante el periodo 2012-2018. El coste anual de estos incentivos es de unos 2.000 millones durante esos ejercicios.

En el caso de la tarifa plana para autónomos, en la que se invierte un tercio del total de estos estímulos (unos 650 millones al año de un total de 2.050 millones anuales) Airef determina que España es el país de su entorno que más dinero destina a los incentivos para el emprendimiento. Si bien, esos incentivos se han demostrado útiles, sobre todo en sus inicios, ya que la entrada en vigor de la tarifa plana para jóvenes en 2012 aumentó la probabilidad de que se diesen de alta como autónomos un 17%.

Asimismo, la tarifa plana contribuyó a mejorar la supervivencia en el trabajo autónomo, ya que redujo la probabilidad de darse de baja un 10%. Si bien esta probabilidad aumenta tras la finalización de dicha tarifa. Pese a ello, el análisis coste-beneficio de este estímulo realizado por la Airef arroja un coste neto de la tarifa plana para jóvenes de entre 34,2 y 41,5 millones de euros (frente a los 142 millones de coste bruto).

Pero al margen de esta recomendación concreta, la principal conclusión de este análisis, según Herrero, es que «con carácter general estos incentivos sí tienen sus efectos, y sí cumplen su función», por lo que el dinero invertido en ellos «no se ha malgastado» ha precisado. Si bien, el estudio y la propia Herrero han añadido matizaciones a esta afirmación general, como que se trata de efectos más para la empleabilidad de los beneficiarios que sobre el empleo en general o que cuándo el incentivo se retira, por lo general, esas personas vuelven a estar en la situación de difícil empleabilidad que se encontraban antes.

Así, el estudio lleva a la Airef a hacer una serie de recomendaciones para optimizar la eficacia de estos incentivos. La primera de ellas es que son más eficientes cuanto más focalizados están en colectivos muy concretos de muy baja empleabilidad, por lo que Herrero no recomienda generalizarlos a amplios sectores de la población. Es más, ha añadido que «en ningún caso los incentivos a la contratación pueden ser una herramienta para reformar el mercado de trabajo; pensar que pueden sustituir las reformas estructurales que, sin duda, necesita el mercado español es un error», ha precisado Herrero.

No obstante, esta necesaria focalización en determinados colectivos a incentivar –que según la Airef requeriría una mejora de su identificación con una mayor colaboración con las comunidades autónomas y un mayor uso de herramientas de perfilado, por ejemplo– tendría una excepción en los periodos de recesión económica como la actual. En esos momentos, el colectivo más perjudicado «se pueden ensanchar mucho más», ha explicado María Izquierdo, jefa de este proyecto, y por lo tanto los incentivos pueden ser a colectivos más amplios sin que pierdan su eficacia.

En este punto tanto Izquierdo como la presidenta de la Airef han puesto como ejemplo la conveniencia en la actual situación de establecer un «plan de incentivos a la contratación indefinida de los jóvenes», que han sido ahora, al igual que en la crisis anterior, el colectivo más dañado laboralmente por los efectos de la pandemia.