España cuenta con el menor paquete de avales públicos ante las grandes potencias de la UE, pero es el país que más lo utiliza para garantizar liquidez a autónomos y empresas

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a sacar toda su artillería para paliar los efectos que las medidas de contención del virus han provocado en empresas y trabajadores. Para ello, se utilizaron tanto instrumentos presupuestarios -cambios en la política impositiva y partidas de gasto en forma de subvenciones, pagos directos y cobertura de los costes fijos operativos de empresas y familias- como instrumentos sin un coste presupuestario directo, a través de programas de avales públicos para líneas de liquidez bancaria, de créditos directos a empresas o incluso de recapitalizaciones de empresas en dificultades.

Según recoge un estudio publicado este lunes por el Banco de España, las medidas adoptadas a través de los programas de avales públicos han sido las más extendidas y generalizadas entre las principales potencias de la UE, como Italia, Alemania o Francia, así como en Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, entre estos países, España cuenta con el menor paquete de garantías públicas, con una cuantía de 100.000 millones a través del ICO (8% de su PIB), pero es el país que más lo ha utilizado para garantizar liquidez a empresas y autónomos hasta el mes de junio. Este último se suma a la nueva línea de 40.000 millones de euros para fomentar la inversión empresarial que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en julio.

Alemania, por su parte, moviliza con su programa de garantías públicas 820.000 millones de euros (el 24% del PIB) dirigidos a autónomos y empresas, mientras el paquete de avales italiano asciende a 450.000 millones de euros (el 25% del PIB) y el francés, a 300.000 millones de euros (12% de su economía) para préstamos bancarios corporativos. En el caso de Reino Unido, algunos de sus planes de apoyo a la liquidez tienen una naturaleza distinta a la de los Estados miembros de la UE (al igual que en EE UU), aunque el importe total se cuantifica en 380.000 millones de euros.

En este punto, a pesar de que el programa movilizado por el Ejecutivo español destaca por su bajo importe, en junio el país ya había utilizado más del 50% de sus recursos, en tanto que Francia se quedaba en el 35%, Reino Unido sobrepasaba ligeramente el 10%, al igual que Italia, y Alemania lo hacía en escasamente un 5%.

De esta manera, el Banco de España observa que los programas de avales adoptados presentan una naturaleza y un funcionamiento similares, pero que las características específicas referidas al volumen total de los programas, los plazos, los niveles de cobertura y el coste de las mismas varían entre países. Además, advierte que, a la hora de comparar la cuantía de los planes, hay que tener en cuenta que la estructura y el tamaño de los ingresos y gastos públicos son significativamente diferentes en cada nación.

Estas ayudas al tejido empresarial son parte de los mecanismos extrapresupuestarios, que operan a través de la concesión tanto de avales públicos como de financiación directa (en menor medida) y recapitalizaciones. Aunque, por otro lado, están las medidas presupuestarias tributarias y de gasto público. Entre estas se observan fundamentalmente dos estrategias: si las ayudas a las empresas se materializan principalmente por la vía de pagos directos y subvenciones a fondo perdido, como en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, o si lo hacen por la vía de coberturas para aplazamientos del pago de suministros, alquileres e hipotecas, como en España.

En algunos países (España, Italia y Francia), estas disposiciones se complementaron con prórrogas o subvenciones de costes financieros, introduciendo moratorias de préstamos e hipotecas. En paralelo, debido al acusado impacto de la pandemia sobre los sectores especialmente expuestos a las medidas de confinamiento, algunos países aprobaron paquetes específicos de ayuda dirigidos a ramas como el turismo, el ocio y la hostelería.