El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea aprobará una propuesta de directiva que puede tener una repercusión enorme en las empresas y las administraciones. La Unión Europea quiere garantizar la protección de los empleados que denuncien las actividades ilícitas «o abusos de Derecho» que pueden ver que se cometen en sus organizaciones. En principio, los Estados de la Unión tendrán hasta el 15 de mayo de 2021 para trasladar la norma a sus respectivas legislaciones. La directiva es conocida en inglés como Whistleblowing. Confidente.

La protección se extenderá también a los trabajadores autónomos que tengan relación con la empresa o con la administración investigada; los accionistas y miembros de los Consejos de Administración. También «a los voluntarios y los trabajadores en prácticas no remunerados». Incluso, a las personas que, sin trabajar todavía en la empresa, «puedan tener conocimiento de una infracción en el proceso de selección o negociación precontractual». «Cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores».

La norma comunitaria establece que los trabajadores podrán denunciar los hechos delictivos o contrarios al derecho comunitario en aspectos como los siguientes: la contratación pública; «las infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea; la prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo; y «los actos que pretenden conseguir una ventaja fiscal que desvirtúe la legislación del Impuesto de Sociedades». Y, por lo tanto, que afectan a la competencia.

Además, otros ámbitos de aplicación de la directiva comunitaria son los siguientes: la seguridad nuclear, la protección de los consumidores y de los datos personales y de la intimidad. En relación con estos aspectos, la normativa comunitaria afecta también a la seguridad de las redes y los sistemas de información. En cambio, los Estados son los competentes para la regulación laboral en este terreno.

Uno de los aspectos de la propuesta de directiva que pueden resultar más polémicos es «la obligación» que tendrán las empresas y las administraciones de organizar de forma interna la recepción y tramitación de denuncias.

Estarán obligadas a organizar estos cauces internos de denuncia todas las empresas de más de 50 trabajadores, y las que tengan un volumen de negocios igual o superior a los 10 millones de euros. Es decir, todas las medianas y grandes empresas. Incluso la directiva abre esta obligación a las pequeñas empresas si en algunos casos el Gobierno nacional advierte que hay riesgo de la comisión de delitos correspondiente.

También tendrán que tener en cuenta esta obligación todas las entidades financieras «o que sean vulnerables al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo».

En el sector público, estarán obligadas a organizar los procesos internos de denuncia el Gobierno central, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes. En todo caso, los gobiernos serán los responsables ante Bruselas del cumplimiento de la directiva para la recepción de denuncias. En primer lugar, que todas las entidades y empresas han organizado la recepción y tramitación interna de las denuncias de los trabajadores.

En su caso, «si procede, tras consultar con los agentes sociales». Es decir, las organizaciones de empresarios y los sindicatos. Y, en segundo lugar, que todas las administraciones tienen un departamento en el que reciban todas las denuncias de delitos que se producen en los sectores privados y públicos.