CC.OO. presentó este jueves una propuesta “abierta” de reforma tributaria con la que, entre otros objetivos, busca acabar con la competencia fiscal entre las autonomías. Por ello, pide que se armonice la aplicación de impuestos cedidos a las comunidades, como el de patrimonio y de sucesiones y donaciones. Para ambas figuras reclaman aplicar un tipo mínimo efectivo en todos los territorios, con el fin de evitar caer en lo que el líder del sindicato, Unai Sordo, calificó de “tentación populista fiscal”.

En concreto, acusó a Madrid de ser “ariete de la idea tramposa de que hay que aplicar una bajada general de impuestos”, compitiendo de forma desleal con el resto de autonomías. En cuanto a la imposición sobre el patrimonio, el documento de CC.OO. pide recuperar de forma permanente dicho impuesto o integrarlo en el IRPF. Al igual que con el gravamen sobre sucesiones y donaciones, critican también la dispersión en los tipos y la diversidad en las bonificaciones.

Además, el sindicato ha evaluado el paquete de medidas acordadas en el programa de coalición en materia fiscal –las mismas que se plantearon en su día en los presupuestos fallidos del 2019– y considera son insuficientes para cubrir “los nuevos retos que quiere acometer” el Ejecutivo de Pedro Sánchez, desde la lucha contra la desigualdad al impulso de las políticas sociales y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Y, en general, ante la meta de ir cerrando el diferencial de ingresos tributarios que separa a España de la eurozona, cifrada en más de 75.000 millones de euros.

Según las estimaciones del gabinete económico de CC.OO., la subida tributaria diseñada por María Jesús Montero supondrá un incremento para las arcas públicas de 2.790 millones de euros, frente a los 5.729 millones consignados al presentar las cuentas del año pasado. “No digo que esté mal orientado, pero es el chocolate del loro, porque España necesita ser mucho más ofensiva a la hora de abordar políticas fiscales”, se quejó Sordo. Así, su rebaja en la previsión de recaudación se basa en no contemplar ingresos adicionales por la lucha contra el fraude y considerar que el Gobierno tiene estimaciones demasiado optimistas a raíz de los cambios en el IRPF y la introducción de la tasa Google y el impuesto sobre transacciones financieras, detalló Carlos Martín, director sobre el gabinete económico.

Según los autores del documento, el abanico de cambios en el sistema tributario propuestos por el sindicato podría suponer a lo largo de la legislatura hasta 14.000 millones extra. Entre las medidas a aplicar destaca, por ejemplo, el establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades del 15% sobre beneficios, en lugar de sobre la base imponible, planteada por el equipo de Montero. También son partidarios de limitar a un máximo de cuatro años el periodo para compensar pérdidas a futuro.

Por otra parte, CC.OO. aboga por subir el IRPF a partir de los 60.000 euros –el Gobierno lo fija ahora en los 130.000 euros– y aplicar la misma tarifa a las rentas del ahorro que las rentas del trabajo. Al tiempo que propone revisar los beneficios fiscales que disfrutan los planes de pensiones y, en general, eliminar de deducciones y reducciones de la base imponible, que acaban alejando los tipos efectivos de los nominales en el IRPF.