La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladará a las comunidades autónomas la nueva senda con los objetivos de déficit y deuda pública en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que no se reúne desde 2018, como paso previo a los trabajos preparatorios de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020. La reunión estará marcada por las denuncias y quejas de las regiones por el IVA autonómico de 2017.

Los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas han sido convocados a la reunión del CPFF para las 16:30 horas de este viernes en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid, donde se les presentará la nueva senda de estabilidad con los objetivos de déficit y deuda pública y el esfuerzo fiscal de cada administración para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

Asimismo, Montero explicó el pasado martes que en la reunión se informará de dicha «andadura» prevista por el Gobierno para acometer los trabajos preparatorios de cara a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020, algo que ve «urgente» para España al permanecer prorrogadas las cuentas de 2018.

El último encuentro del Consejo de Política Fiscal se produjo telemáticamente el pasado 22 de agosto de 2018, y de manera presencial el 31 de julio de ese mismo año. Tal y como sucedió en la última reunión, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudirá al CPFF, a pesar de las peticiones de Montero.

En el orden del día se encuentra la actualización de la senda oficial aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 en la que se fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas prácticamente inalcanzables, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez augura de hecho un déficit del 1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.

El objetivo autonómico previsto inicialmente por el Gobierno de Sánchez es de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones logren estabilidad presupuestaria el año que viene.

El Gobierno está en constante diálogo con Bruselas respecto a las previsiones y la nueva senda, a la espera del plan presupuestario sobre el que se pronunciará en su momento la Comisión Europea. Tras sacar a España del procedimiento de déficit excesivo, Bruselas reclamaba al país un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 8.000 millones de euros, para el año pasado y el actual. Las cuentas españolas están actualmente controladas en el llamado brazo ‘preventivo’, en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.