Fuentes de Hacienda avanzan que el Ejecutivo pedirá a Bruselas que flexibilice los objetivos de déficit para ganar margen de gasto. Con todo, el Gobierno quiso poner este lunes el énfasis en la prudencia. En su toma de posesión como vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Calviño, trató de trasladar a los empresarios españoles, las autoridades comunitarias y los mercados internacionales un mensaje de tranquilidad, comprometiéndose a fijar para el Ejecutivo de coalición una política económica marcada por la mesura.

El propio ascenso de Calviño de ministra a vicepresidenta económica trata de ser un aviso a navegantes de que Sánchez afronta la desaceleración del crecimiento del PIB como uno de los retos de la legislatura y lo hace renovando al frente a una persona que, curtida en el diseño de las cuentas públicas europeas, es contemplada como garante de la responsabilidad fiscal y la sensatez económica. Para acentuar este discurso implícito, Calviño destacó este lunes que su Ministerio cuenta con “una hoja de ruta clara, moderada y progresista”.

Sus palabras trataron de ser un bálsamo para las patronales empresariales, especialmente inquietas después de que, apenas unas horas antes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, defendiera en su primera intervención en el cargo la derogación de la reforma laboral del PP, una medida incluida en el acuerdo sellado entre PSOE y Podemos.

Calviño insistió en que la política económica prudente del Gobierno seguirá estando basada en la disciplina fiscal, la sensibilidad social y las reformas estructurales. Tres ejes enfocados a lograr un crecimiento más sostenible e inclusivo y que han conseguido, además, reforzar la confianza de los inversores sobre España a pesar de “un contexto internacional muy complejo”, defendió, subrayando que el país ha podido “capear mejor que otros la desaceleración global”. Con este discurso, el Gobierno prevé dirigirse a Bruselas en las próximas semanas para solicitar un colchón fiscal adicional que le permita un cierto margen extra a la hora de acometer el programa de gasto social de la coalición.

Y es que su capacidad de inversión dependerá en buena medida de la senda de déficit que la UE permita recorrer a España. Conviene recordar que, oficialmente, en la actualidad siguen vigentes los objetivos aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy, que establecían un déficit del -1,3% en 2019, del -0,5% en 2020 y recuperar el superávit, del 0,1%, en 2021. Aunque no pudo aprobar una nueva senda debido al control del PP en el Senado, con derecho a veto sobre la misma, Sánchez anunció tras acceder al poder, en junio de 2018, que su objetivo sería lograr un déficit del -1,8% en 2019, el -1,1% en 2020 y el -0,4% en 2021.

Finalmente, en la actualización del plan presupuestario de 2020 que el Ejecutivo remitió a Bruselas el pasado otoño se hablaba ya de un déficit del -1,7% en 2020. Después de todo, aunque el Gobierno en funciones mantenía una previsión oficial de cerrar 2019 con un agujero fiscal del entorno al -2%, lo cierto es que expertos como los del Banco de España asumen que el pasado ejercicio fue un año perdido en este campo, en el que se habría acabado repitiendo un déficit del -2,5%, el mismo con el que finalizó 2018.

“No va a ser una legislatura fácil, aunque desde que hemos llegado ninguna la ha sido”, resumió este lunes en su toma de posesión María Jesús Montero, que repite como ministra de Hacienda del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos con el reto añadido de ser además su portavoz. “Una vez superada la fase de bloqueo del Congreso, llegamos con las pilas cargadas para que en el menor plazo que podamos, presentemos unos nuevos Presupuestos que puedan garantizar la legislatura y ayudar a las personas”, sostuvo.

Montero avanzó que su intención es impulsar con ellos una reforma tributaria ecológica, moderna y redistributiva que permita implantar en España “una fiscalidad del siglo XXI”. El plan que ya presentó en 2019 suponía una recaudación de unos 5.600 millones de euros extra al año. Sin embargo, el Ejecutivo ya ha comprometido 4.700 millones de gasto en 2020 solo para actualizar las pensiones con el IPC y elevar el salario de los funcionarios, medidas que prevé tomar esta misma semana como carta de presentación.

Será clave, por tanto, la negociación que Calviño mantenga antes con Bruselas para tratar de suavizar los objetivos de déficit. Este diálogo amenaza, sin embargo, con restar inmediatez a la tramitación de esas nuevas cuentas, llamadas a sustituir a la segunda prórroga consecutiva de los Presupuestos de 2018 que legó Rajoy.