La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a determinar en tres meses posibles excepciones a las penalizaciones existentes en la pensión para las jubilaciones anticipadas. Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras de cotización.
Según han informado distintas fuentes parlamentarias, las recomendaciones que aprobará la Comisión que preside la exministra socialista Magdalena Valerio reclama al Gobierno evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron estas prejubilaciones y a sus carreras de cotización.
En un primer momento, los grupos contemplaban recomendar un estudio para analizar posibles excepciones, pero finalmente el texto incluido en las recomendaciones, ya prácticamente cerradas a falta de un último visto bueno la próxima semana, pone fecha a ese análisis y le llama a determinar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones a estas penalizaciones.
Esta será una de las recomendaciones que verán la luz en los próximos días, pues según han reconocido varias fuentes, el texto definitivo está prácticamente atado, a falta de tan solo una reunión, fechada para el próximo viernes 23 de octubre, con la previsión de votarlas ya en Comisión cuatro días después, el martes 27. Tras celebrar esta semana dos reuniones, los grupos concluyeron la última revisión de las recomendaciones, y quedaron en celebrar un último encuentro más para comprobar en papel el redactado final de los letrados con los últimos cambios.
Esta reunión estaba prevista para el pasado viernes cuando, según varias fuentes de la Comisión, Vox solicitó postergar los trabajos a la moción de censura que defenderá a partir del próximo miércoles, una solicitud aceptada por Valerio. Otras fuentes señalan que no fue el único grupo que solicitó más margen. En todo caso, todas las fuentes consultadas por Europa Press coinciden que, a partir del próximo viernes, los grupos están emplazados a trabajar en sus posiciones finales que defenderán, ya sí en público, primero en Comisión y después ante el Pleno de la Cámara.
Entre las principales aportaciones del Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas. Este consistiría en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social.
Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.