El Gobierno y los sindicatos de la función pública han cerrado ya un pacto para reconocer en la ley y regular el teletrabajo en las Administraciones públicas. Este acuerdo será ratificado previsiblemente el próximo lunes en la Mesa General de las Administraciones Públicas, donde están, además del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los sindicatos CC OO, UGT, CSIF, CIGA y LAB.

Por primera vez los 3,2 millones de trabajadores del sector público –funcionarios y personal laboral– verán reconocido en la norma la posibilidad de desempeñar su trabajo a distancia. Este derecho quedará recogido en el artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público y se definirá como “aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación”.

Asimismo, la ley precisa que el teletrabajo en las administraciones “habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial”. Y, en todo caso, “tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados”. No obstante, la norma remite los términos concretos para desarrollar el teletrabajo “a la negociación colectiva del ámbito correspondiente”.

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT declararon ayer que firmarán este acuerdo porque, entre otras cosas también “garantiza la atención presencial y directa a la ciudadanía, cuando sea precisa” y regula el teletrabajo “para todos los empleados públicos” de manera “estable” tanto de forma estructural como para situaciones coyunturales como las del Covid-19. En esta misma línea, CC OO celebra que la norma “garantiza tanto la prestación presencial del servicio público a la ciudadanía como los derechos de las empleadas y empleados públicos”. Por su parte, CSIF “valora de manera positiva este acuerdo y espera poder abrir cuanto antes la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público”.

De esta forma, los negociadores del sector público han adelantado a los del privado, que aún están ultimando el acuerdo del teletrabajo para el sector empresarial. Si bien, en el Gobierno hay prisas por aprobar la nueva Ley del Trabajo a Distancia porque el próximo, martes, 22 de septiembre termina el carácter preferente del teletrabajo decretado por la regulación aprobada para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Por este motivo desde el Ministerio de Trabajo han iniciado los trámites para que este anteproyecto de ley se apruebe por decreto en el Consejo de Ministros del próximo martes. Patronal y sindicatos se reunieron ayer para intentar acelerar el acuerdo. Pero el secretario general de CC OO, Unai Sordo, declaró ayer en Intereconomía que ya sea con “acuerdo o desacuerdo” esta norma se aprobará el martes.