La nueva Ley de Memoria Democrática cuyo anteproyecto ha aprobado este martes el Consejo de Ministros prevé declarar «nulos de pleno derecho» los juicios sin garantías del franquismo, transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil y dotar al Estado de recursos para recuperar restos de las fosas comunes.

La norma que arranca ahora su tramitación, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las cortes y Memoria Democrática que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, avanza en la senda que ya abrió la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y, entre otras cosas, incluye una condena expresa del golpe de Estado militar de 1936 y la dictadura franquista, según han precisado fuentes del Gobierno de coalición.

La propia Calvo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el anteproyecto declara ilegales, nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra y demás procesos (con las sentencias correspondientes) instruidos por causas políticas durante el régimen franquista, como, por ejemplo, la del que fuera presidente catalán durante la II República, y fusilado por el franquismo, Lluís Companys. Se trata de una vieja reivindicación de los partidos independentistas catalanes a Pedro Sánchez.

Respecto a entidades como la Fundación Francisco Franco, el anteproyecto contempla que no podrán existir, ha señalado, asociaciones sostenidas con recursos públicos «que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales», como ya ocurre en otros países europeos.

En lo relativo a la «resignificación» del Valle de los Caídos como cementerio civil tras la exhumación de Franco, la vicepresidenta primera del Gobierno ha anunciado que la fundación de los benedictinos presente en el Valle de los Caídos «se extinguirá automáticamente» porque «ya no tiene ningún sentido en relación al nuevo objetivo del Valle de los Caídos en términos de memoria democrática».

La habilitación de un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación en miles de fosas comunes aún no exhumadas y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura son otras novedades de esta iniciativa. Esta Fiscalía se idea para investigar crímenes del franquismo en base al derecho y los tratados internacionales.

Además, se incluye el establecimiento de dos fechas conmemorativas, el 31 de octubre, cuando las Cortes aprobaron la Constitución, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, para recordar a las víctimas de la Dictadura y a los exiliados españoles, respectivamente.

Calvo ha anticipado que el desarrollo de esta nueva norma, que actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007, será muy largo, y como se tardará «mucho tiempo» en aplicar se prevén planes cuatrienales que garanticen su viabilidad presupuestaria y culminar la pretendida reparación de las víctimas del franquismo.

Se trata, ha enfatizado la vicepresidenta, de un «texto urgente» porque la democracia «no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta» que va a permitir «homologar» la democracia española a las más avanzadas del mundo, al tener muy en cuenta la normativa de defensa de derechos humanos.

La protección de los archivos que permitan recuperar la memoria, el impulso a la investigación de episodios históricos represivos, e incluso el retorno de fondos documentales a España del exilio también se incorporan a esta Ley de Memoria Democrática.

Por otro lado, ha afirmado que la ley pretende «proteger para el futuro los archivos de la Presidencia del Gobierno de España», tener «útiles» los archivos históricos hasta el momento anterior a la democracia y traer a España archivos de personalidades insignes que se encuentran fuera del país.