La última propuesta que el Ministerio de Hacienda hizo a las entidades locales para facilitar que puedan utilizar sus superávits no ha sido bien recibida por la práctica totalidad de los partidos de la oposición, que reclaman el uso de sus remanentes sin la condicionalidad de entregarlos a las arcas estatales y poder controlar completamente la gestión de sus recursos, que en los últimos años ha sido, por lo general, más que eficiente. De hecho, desde la anterior crisis, el conjunto de las corporaciones locales registra superávit (3.839 millones en 2019), y su deuda se ha ido reduciendo poco a poco a la mitad, pasando de 44.003 millones de euros en 2012 a 22.878 millones al cierre del primer trimestre de este año (1,8% del PIB).

Esto significa que mientras la deuda estatal y la de las comunidades autónomas han experimentado una tendencia al alza, la municipal ha seguido el camino contrario, situándose actualmente en niveles registrados al comienzo del siglo. Concretamente, no se encuentra una cifra inferior desde el año 2002, cuando se situó en 21.522 millones, según datos del Banco de España.

Además, otro de los puntos más llamativos es que, las grandes ciudades, de más de 300.000 habitantes, han gestionado sus recursos de una forma algo más óptima que la media nacional. Las localidades que superan ese número de población son trece, cuya deuda en conjunto suma 5.117 millones de euros, con datos de marzo, casi un tercio que hace ocho años, cuando fue de 13.337 millones.

Entre ellas destaca la ciudad de Madrid, por ser la que cuenta con una deuda de mayor tamaño, y Las Palmas, por todo lo contrario. La deuda de la capital de España asciende a 2.005 millones de euros, seguida, con gran margen, por Barcelona (731 millones) y Zaragoza (703 millones). En el lado opuesto está el municipio canario con tan solo 2 millones de euros de deuda, junto a Bilbao, con 3 millones; seguidos de Alicante (23 millones) y Valladolid (97 millones).

Por instrumentos, la inmensa mayoría de la deuda, unos 22.000 millones, está alojada en créditos bancarios, de los que el 95% son a largo plazo. De otro lado, la emisión de bonos es la opción menos utilizada, con tan solo 806 millones a largo plazo, que corresponden a los ayuntamientos de las ciudades más grandes, que son las que tienen rating financiero. Por su parte, Madrid es la que abarca la gran mayoría de emisión de deuda, con 700 millones, frente a Barcelona, con únicamente 35 millones. El restante, se emite por parte de diputaciones, consejos y cabildos insulares.