Los empleados públicos tienen previsto iniciar hoy una campaña de movilizaciones, convocados por el sindicato de funcionarios CSIF, para exigir al Gobierno que use un decreto ley para aplicar, desde el 1 de enero, la subida salarial mínima pactada del 2,25 % para los trabajadores del sector público. La primera de estas movilizaciones que tendrá lugar hoy se llevará a cabo frente a la sede de la Dirección General de Función Pública en Madrid.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, explicó que estas protestas persiguen que el actual Gobierno –que asumió el alza salarial pactada por el anterior Ejecutivo del PP y los sindicatos de la función pública– garantice este aumento retributivo desde primero del año próximo, aunque no haya Presupuestos Generales del Estado para 2019. E incluso si se tuvieran que prorrogar definitivamente los de 2018.

Además, Borra ha pedido que también se revise el punto del acuerdo que liga una parte variable de la subida salarial del año que viene al objetivo de crecimiento del PIB, después de que el Gobierno haya modificado una décima a la baja su previsión, hasta el 2,3%.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, aseguró la semana pasada que “el compromiso del Gobierno es cumplir con el acuerdo y establecer una subida retributiva en tiempo y forma”. No obstante, dese el CSIF han denunciado los empleados públicos sienten “preocupación, hartazgo y abandono” por todo lo que tiene que ver con la recuperación de sus derechos y la mejora de sus condiciones laborales.

Asimismo, este sindicato reclamará en estas protestas la recuperación de la estructura salarial previa al recorte medio del 5% que se aplicó en 2010 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Exigirán también que se concrete la oferta de empleo público de 2018, cuya convocatoria aún no ha salido.

Otra de las cuestiones que persiguen las movilizaciones que se inician hoy es que se desbloquee la negociación del convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) que afecta a más de 40.000 personas.