Los empresarios se han plantado, anunciando que no van a aceptar los cambios que propone Trabajo para reformar la normativa sobre subcontratación de empresas. Así lo manifestaron las principales patronales CEOE y Cepyme tras la reunión de su Junta Directiva en la que, por unanimidad, acordaron rechazar la propuesta de Trabajo para reformar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que regula las condiciones con las que una empresa puede subcontratar obras o servicios a otra, “pese a que este punto no fue objeto de la reforma laboral”, se quejaban ayer los empresarios.

Esta propuesta planteada por el equipo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en los últimos encuentros del diálogo social, consiste, según los empresarios, en que toda la cadena de subcontratación –esto es la empresa contratista y las subcontratadas– adopten las condiciones laborales de la empresa principal.

Esto implicaría, según el comunicado enviado ayer por CEOE-Cepyme, que, de mantenerse en los términos actuales, la propuesta del Gobierno “podría aparejar graves consecuencias para el tejido empresarial y el empleo”, haciendo “prácticamente inviable la supervivencia de muchas empresas”. Y aseguraron “ver claramente que la solución planteada por el ministerio de Trabajo podría generar riesgos no medidos”.

Fuentes empresariales han criticado que la regulación propuesta por Trabajo “es ideológica y no económica”. De hecho, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi ha dicho, en declaraciones a los medios de comunicación, que en la mesa del diálogo social “no se está hablando de cambios laborales (del artículo 42) si no de un cambio del modelo económico”. Y añadió: “Estamos en la Unión Europea, creemos en el libre mercado, las empresas contratan a empresas y creemos que modificar el artículo 42 sobre la subcontratación es una barrera imposible de aceptar por el bien de la economía española”.

No obstante, pese al plante de los empresarios, desde CEOE han dicho que no se cierran en banda a negociar cambios en la subcontratación, pero no por la vía de reformar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, sino introduciendo cambios en la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa, algo que sí fue fruto de la reforma laboral de 2012.

Así, los dirigentes patronales han admitido que “existen unos efectos no deseados de la reforma laboral de 2012” que se produjeron por la posibilidad de regular por convenio de empresa los salarios de los trabajadores. “Esto ha dado lugar –continúan los empresarios– a que un reducido número de estos convenios establezca salarios por debajo del convenio sectorial, que ni amparamos ni compartimos”.