La reforma de la subcontratación que pretende el Gobierno y que está negociando con la patronal y los sindicatos ha caído como una bomba entre los empresarios. Fundamentalmente, porque puede suponer un incremento considerable de los costes laborales. Y, en segundo lugar, porque, en consecuencia, pone en peligro el proceso de descentralización de la actividad con el que trabajan la inmensa mayoría de las empresas españolas. Puede poner en riesgo el proceso de subcontratación y miles de empleos.

El Ejecutivo ha planteado, entre otras cosas, a la patronal y los sindicatos tres cambios significativos en este modelo de actividad que está regulado en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.

En primer lugar, la posibilidad de que la empresa principal, o más grande, pueda verse obligada a integrar en la plantilla y en la nómina a autónomos con los que colabora. A los llamados autónomos dependientes de una sola empresa principal o a empleados de otras empresas subcontratadas. A todos aquéllos que puedan considerarse dentro de la actividad central, o de la «propia actividad» de la compañía principal o del contrato.

Por ejemplo, un gran almacén podría verse obligado a asumir a los empleados de una marca de perfumes, maquillaje o gafas que tenga dentro de una de sus tiendas. Siempre que la empresa principal influya en sus relaciones laborales. Un hospital podría ser obligado a integrar como asalariados a médicos que ahora son autónomos o, específicamente, a los anestesistas, que son una auténtica especialidad. La construcción es el paradigma más claro de la subcontratación, aunque hay cientos de ejemplos sobre el riesgo de que, en una cadena de contratación, la empresa principal pueda verse obligada a absorber a los trabajadores de las empresas subcontratista o a los autónomos.

En definitiva, la posibilidad de aumentar los costes laborales por esta vía es también enorme en los sectores de mano de obra intensiva: las empresas que trabajan como auxiliares de otras compañías más grandes. Limpieza, seguridad, correos y mantenimiento de todo tipo.

La segunda razón por la que la reforma de la subcontratación puede encarecer los costes laborales de las empresas es obligar a que los trabajadores de la pyme que desarrolla una segunda actividad tengan las mismas condiciones laborales que los de la principal. Que tengan las mismas condiciones salariales y de derechos que los empleados de la empresa más grande. Salvo que su propio convenio tenga condiciones más ventajosas que los dos anteriores. En ese caso, primarían las condiciones laborales de la empresa subcontratista, aunque éste suele ser un caso muy raro.