UGT ha señalado la necesidad de «extremar la cautela y vigilancia» ante la aparición de efectos «indeseados» del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como que las empresas «aprovechen» para reducir más los niveles salariales o que se hagan más contratos fraudulentos a tiempo parcial.

En un informe presentado este lunes, el sindicato apunta que, ante la situación de «elevado desempleo existente, la extrema precariedad del mercado laboral español y la enorme discrecionalidad de la que disponen las empresas para determinar las condiciones de trabajo», el IMV podría acabar derivando en un «instrumento adicional de devaluación salarial».

«Es imprescindible evitar que se convierta en una renta que favorezca el mantenimiento de unos salarios reducidos o su devaluación, por lo deben introducirse las cautelas precisas en el reglamento de la norma, así como implementarse políticas que combatan de raíz la precariedad», añade el sindicato. El IMV es compatible con el cobro de un salario hasta determinados niveles, recuerdan desde UGT que también reclama una mayor ligazón de esta medida con las políticas activas de empleo.

Sobre en el encaje con las rentas mínimas de las comunidades, el informe apunta que podría elevar la cuantía mínima en hasta 13 sin perjudicar a los posibles beneficiarios del resto de territorios, ya que ambas son compatibles, y pide mejorar la coordinación entre los distintos niveles administrativos implicados y simplificar los trámites para que llegue a todos los potenciales beneficiarios.

UGT subraya que la aprobación de esta renta mínima es una medida muy relevante, un «primer paso fundamental» a la hora de conformar un sistema de protección social con una cobertura de prestaciones no contributivas más amplias, «una vez vistas las graves limitaciones que existían en este sentido».

Si bien el IMV representa «un hito histórico» dentro del modelo del Estado de Bienestar, añaden, será necesario seguir dando pasos para corregir las posibles deficiencias que se detecten y lograr que la prestación esté al alcance de todas las personas que lo necesiten.

El informe recuerda los elevados niveles de pobreza de España -con la quinta tasa más alta de la UE en pobreza infantil (29,5 %)- e identifica los distintos colectivos vulnerables que podrían verse especialmente beneficiados por esta prestación y cómo han ido evolucionando en los últimos años.